EL SALVADOR: Resumen del mes más violento del 2017; 40 muertos en un día.

EL SALVADOR: Resumen del mes más violento del 2017; 40 muertos en un día.

El Salvador es el país con  el mayor índice de homicidios según el instituto Igarapé pubicado en la revista The Economist.

Un promedio de diez homicidios por día se han producido en El Salvador durante este año. Aunque la cifra haya disminuido un 30 % comparado con el año pasado.

El día más violento, en los últimos dos años, ocurrió el pasado sábado 23 de septiembre de 2017 en El Salvador, donde se produjeron 40 homicidios en un sólo día; más de 200 en una semana, unos 435 en el mes de septiembre y alrededor de tres mil en este año. Un promedio de diez homicidios por día.

Aunque la cifra haya disminuido por un tercio, en comparación con el año pasado, el país centroamericano está considerado como uno de los países más peligrosos a nivel global, según un informe del instituto Igarapé publicado en la revista The Economist en abril de este año. Sin embargo, la tasa de 91 homicidios por cada 100.000 habitantes se redució en los últimos años; de 190 víctimas en el 2015 a 137 en el 2016.

La gran oleada de muertes en septiembre de 2017 empezó dos días después de que el Gobierno anunció un “Plan de Fortalecimiento de la Seguridad y Prevención”, el pasado 18 de septiembre, para luchar contra la delincuencia en la capital San Salvador. La intención del proyecto era sembrar la paz en la ciudad para que los habitantes pudieran realizar sus actividades con más tranquilidad. Pero al aumento de coches blindados por las calles y al incremento de patrullaje, fuerza militar y policial, siguió una semana violenta llena de homicidios.

El 25 de septiembre, en medio de los siete días trágicos, las autoridades de El Salvador lanzaron una campaña, para que la población y las empresas afectadas denuncien extorsiones de pandilleros. En la radio, televisión y en carteles por las calles se leyó mensajes apelando a la gente que no pague el dinero solicitado, sino que llame al teléfono y que lo reporte.

 

“La extorsión es por hoy la principal fuente de financiamiento de las estructuras criminales de pandillas, y por esa razón es importante que los que son afectados por estas estructuras criminales la denuncien”, aseguró en una rueda de prensa el director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Howard Cott, según AFP.

Un mes antes, en agosto de este año, Cecilia Jiménez, la relatora especial sobre los derechos humanos de la ONU redactó en un informe citado por AFP que “la extorsión de personas y pequeños negocios es generalizada”, y es vista “como un impuesto de las pandillas a las comunidades locales”. Según autoridades, los grupos criminales intimidan para que se realice una extorsión. La negación del pago, resulta en muchos casos mortal.

 

Comerciantes, conductores de transporte público, hijos de periodistas, estudiantes y personas particulares y, sobre todo, miembros del cuerpo de seguridad ormaban parte de las víctimas. 35 policías, 16 militares y 2 custodios de prisioneros perdieron sus vidas solamente este año. La mitad de ellos fue asesinada en sus días libres, mientras que la otra murió en enfrentamientos armados contra las pandillas, como Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, a las que el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.

La reacción del gobierno salvadoreño el pasado 13 de septiembre, fue la propuesta de endurecer la pena de cárcel con un mínimo de 50 años de prisión por asesinato de policías, jueces, soldados, fiscales y guardias penitenciarios. A través de ataques contra los miembros de seguridad, las bandas criminales quieren presionar al Gobierno para obtener beneficios carcelarios, según comentó a la agencia EFE el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez.

En abril 2016 se aplicaron “medidas extraordinarias de seguridad” en siete cárceles y granjas penitenciarias de El Salvador, que sólo eran previstos por un año, pero que fueron prorrogadas por la Asamble Legislativa hasta 31 de marzo de 2018. Estas regulaciones recogían la suspensión de visitas familiares y la asistencia legal en las cárceles, el aislamiento de los jefes de pandillas y el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros, entre otras. El flujo libre de comunicación permitió durante años que las estructuras de las pandillas tuvieron el control desde el interior de los centros penitenciarios. Todas las medidas fueron respaldadas por la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara en febrero de este año.

Pero no todos los defensores de los derechos humanos están de acuerdo con esa aprobación. La carencia de atención médica para los reos tuvo como consecuencia la muerte de varios por tuberculosis y otras enfermedades, comentó Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), en una rueda de prensa el 23 de agosto de 2017.

La misma organización denunció “abusos de autoridad”, como “detenciones arbitrarias que van acompañadas de maltratos, golpizas, amenazas y hasta tortura por parte de algunos policías, militares y agentes del sistema penitenciario”, según AFP. En agosto de 2017, había 38,724 internos en los centros penitenciarios que tienen una capacidad de 14.000, como apuntan cifras de la Dirección de Centros Penales.

“No hay soluciones mágicas”, que solucionen el conflicto contra las pandillas a corto plazo, señaló el especialista en temas seguridad y profesor universitario, Juan Ramón Medrano, a la Agencia Francesa de Prensa, y añadió que “Es muy difícil para las autoridades enfrentar una problemática tan compleja donde las maras no respetan ningún código de ningún tipo y utilizan cualquier método brutal, sangriento e inhumano para cometer sus fechorías”.

En foto: Soldados salvadoreños llevaron a cabo una operación de seguridad lanzada por el Gobierno, después de que se produjeron 400 homicidios en el mes de septiembre. Fotografía por MARVIN RECINOS