EDITORIAL: Informe de UVG y USAC en caso minería implicaría que el estado impulsa agenda para desaparecer a los Xincas

EDITORIAL: Informe de UVG y USAC en caso minería implicaría que el estado impulsa agenda para desaparecer a los Xincas

Durante la Segunda Guerra Mundial el control de las informaciones era fundamental para vencer el enemigo, pero en nuestros tiempos el control ha superado todos los límites y ya no es sólo la información disponible y expuesta, sino todo a lo que podemos aspirar, definiendo nuestro mundo y posibilidades. De igual forma el hecho que se retenga información es un As bajo la manga para los que quieren manipular a los actores en su juego político.

Las operaciones de la Minera San Rafael fueron cesadas desde de julio del 2017, ocasión cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender de forma provisional las licencias de exploración y explotación de plata porque, entre otros argumentos, el Ministerio de Energía y Minas no realizó una consulta comunitaria en el área de impacto de la compañía.

Al apelar esa decisión, la minera argumentó que no se consultó porque “las autoridades no registraron a ninguna persona indígena xinca en esas comunidades”. De no haber pueblos originarios en la zona, la minera no estaría obligada a cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que regula el derecho de consulta de las comunidades indígenas sobre los bienes naturales existentes en sus tierras.

Para poder dar resolución a este tema, la corte ha solicitado a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Universidad del Valle de Guatemala que resuelvan desde el punto de vista antropológico una pregunta muy sencilla:

¿Hay indígenas xincas en el área?

Esta pregunta no debería de ser dirigida a los antropólogos, sino más bien debería de ser dirigida a las instituciones que se encargan del registro oficial de las etnias en nuestro país. Es el CENSO nacional el que debe de responder este tipo de preguntas, puesto que la autoidentificación a la etnia es lo que le permite proveer este tipo de información a los inversionistas.

 

Según el Censo de 2002, la auto identificación indígena por parte de los habitantes de esa área con la etnia Xinca es casi nula y un censo realizado en el 2017 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, reporta cero habitantes indígenas en todo el municipio.

De juzgarse en base a los documentos emitidos a la judicatura en abril, cuya conclusión es que “sí se considera la existencia de pueblos indígenas en el municipio de San Rafael Las Flores”, debe tomarse en cuenta que ese es el argumento “antropológico” y no el argumento de las condiciones en que se brindaron las licencias.

 

En todo caso éste estudio debería de ser para condenar al RENAP y al Consejo Municipal de Desarrollo por el uso inexacto de la información.

La cuestión a juzgar debería ser ¿Cuál es la fuente de información a la que deben de acudir en futuras ocasiones?, y comparar las acciones del inicio de operaciones de la minera, contra la realidad que se le presentó a las personas que evaluaron la inversión en nuestro país.

A nuestro criterio, las respuestas NO SON CONTRADICTORIAS, si más bien son de aplicación  complementarias en dos campos de criterio muy distintos.

Más bien, el hecho de que existan los hallazgos en los informes de las Universidades antes citadas, y el hecho que solo se tenga un 9% de asociación sociolingüística, con una ausencia de autoidentificación hacia la etnia, implicaría el abandono de los gobiernos y gobernantes a estos grupos étnicos impulsando su desaparición, como se evidencia la gradual desaparición del pueblo Xinca en dicho lugar.

Portada del Estudio solicitado por la CC  a la UVG

Artículo 7 numeral 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

Este estudio solo explica que no se cumple con:

Artículo 2
  1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
  2. Esta acción deberá incluir medidas:
    • (a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
    • (b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
    • (c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
Artículo 28
  1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.
  2. *****
  3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.