La corrupción, una pésima costumbre de la política criolla

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La costumbre es la manera de obrar de una persona o colectividad establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. En Guatemala, la corrupción es una costumbre en buena parte de los procesos de inversión, compra y operación en el sector público. Es una práctica que cada vez más se convierte en un hábito establecido, que se repite inclusive en medio de tragedias y necesidades apremiantes. 

Poder enfrentar este mal requiere de acciones coyunturales y estructurales. Las acciones coyunturales son medidas de emergencia para modificar la asignación de obras, las compras o la distribución de ayudas solidarias, en el corto plazo. Las estructurales, son de fondo y requieren de cambios legales, mejoras en la administración pública, sistemas efectivos de persecución de los delitos, justicia pronta e imparcial que vayan creando condiciones para modificar la costumbre de la corrupción y sustituirla por la transparencia y rendición de cuentas. 

En este nuevo año, se presenta la oportunidad para que el presidente lidere públicamente el cambio de esta penosa costumbre, la corrupción, demostrando su compromiso con el cambio. Para generar confianza es fundamental efectuar medidas coyunturales claras para dar esperanza y poder medir los efectos positivos de actuar con transparencia, en entornos de competencia y con la participación de la sociedad civil en luchar contra este mal endémico. En el plano del sistema de compras se debe establecer un esquema abierto y transparente para la adquisición y distribución de las vacunas contra el COVID-19. No utilizar los sistemas tradicionales, dada la emergencia, pero tampoco hacerlos directamente desde el Gobierno, sin participación ciudadana en el proceso. Esto complementado con un sistema de distribución alterno de los canales ordinarios del Ministerio de Salud, generaría la confianza ciudadana y el liderazgo para abordar las reformas legales.

Un segundo elemento, cuestionado insistentemente, es el control sobre las ayudas sociales en la emergencia y en los programas sociales que ejecutan las diferentes entidades de Gobierno. Un esquema más abierto con participación de las iglesias, la comunidad y los liderazgos locales, serían muy bien recibido. No se trata de burocratizar aún más los procesos, es hacer transparente que la ayuda solidaria llegue a los necesitados y no a los partidarios de ningún grupo político.

Una tercera iniciativa podría ser realizar el censo de los empleados públicos permanentes y bajo contrato, para brindar transparencia de un rubro que ha sido opaco por mucho tiempo. La cuarta y última, el funcionamiento de alianzas público-privadas con la aprobación de la autopista Escuintla a Puerto Quetzal, que podría demostrar cuáles son las diferencias en la calidad de obra, su mantenimiento, los ingresos para el Estado y el ahorro de tiempo a los usuarios. Sin hacerlo seguirán siendo un botín político, con alta corrupción y pésima calidad. Es tiempo de acabar con la pésima costumbre de la corrupción en el sector público.


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