GUATEMALA: Ivan Velásquez defiende labor de la CICIG en medio del cisma

GUATEMALA: Ivan Velásquez defiende labor de la CICIG en medio del cisma

En una estratégica respuesta mediatica para responder a los argumentos de ser una estructura paralela que ejerce impunidad, Iván Velásquez defiende a la CICIG afirmando que “[Pudieron] demostrar que la lucha contra la corrupción era posible, no de manera teórica, en la realidad, con investigaciones fuertes probatoriamente. Eso nos permitió demostrar lo que para Guatemala es altamente significativo: nadie está por encima de la ley”, afirmó.

El jurista colombiano, que acudió a un foro sobre corrupción en Copenhague, dirigió desde 2013 la CICIG, pero no puede volver al país porque el presidente Jimmy Morales prohibió su ingreso “por razones de orden y seguridad” el 4 de septiembre, reservándose el derecho soberano de retener la emisión de una visa de trabajo para el jurista.

El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, afirmó que el organismo ha demostrado que se puede combatir la corrupción en ese país y confía en que se revierta la decisión del Gobierno de no renovar su mandato, que expira en once meses.

Morales había anunciado antes la decisión “irrevocable” de no renovar el mandato de la CICIG -creada por la ONU en 2007 a petición de Guatemala-, pero Velásquez cree que dicha disposición puede cambiar.

Aparte de apuntar que hay elecciones generales en 2019, recuerda que el expresidente Otto Pérez Molina también aseguró en 2013 que no prolongaría el mandato, pero la presión social le hizo rectificar.

“Aquí la diferencia es que el presidente Morales ya lo ha hecho oficial mediante una comunicación al secretario general de la ONU, pero nada obstaculiza que esa decisión sea igualmente revisada”, afirma el abogado, que alude a las recomendaciones de la fiscal general y la presión de la comunidad internacional.

Estados Unidos, “que tradicionalmente ha respaldado la actividad de la comisión”, acaba de firmar un acuerdo con la ONU para donar 6 millones de dólares al fortalecimiento de la CICIG, resalta.

 

Cabe resaltar que dicho acuerdo no contó con la participación de la cancillería guatemalteca, y en contraste la CICIG cerro sus oficinas en la segunda ciudad importante de Guatemala, afirmando que es temporalmente, despúes de que se ha puesto en duda la integridad de los colaboradores y fiscales de la CICIG donde inclusive una de sus exempleadas enfrenta un jucio en colombia por corrupción.

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Velásquez vincula la acusación de injerencia en asuntos internos a la petición en agosto de 2017 de la Fiscalía de retirar el fuero a Morales por su posible relación con un delito de financiación anónima en su etapa como secretario general del partido FCN-Nación, el cual no fue retirado por el órgano jurisdiccional con la competencia para cumplir la solicitud. Mientras que dos de sus familiares consanguineos cercanos han enfrentado a la justicia por un caso de corrupción

 

Morales invitó al CICIG a participar en la reforma del sistema de justicia “para integrar una secretaría técnica de acompañamiento e impulso del proyecto, elaborado en discusiones en todo el país con la presencia del presidente, que acudía a esos foros”, afirma.

“El presidente entregó personalmente al Congreso ese trabajo, lo impulsó en los primeros meses. Después surgió su problema personal y olvidó cuál era su responsabilidad de jefe de Estado”, critica refiríendose a las acciones impulsadas por Morales después de que se le acusara del delito de financiamiento electoral ilícito.

A Velásquez le “reconforta” y “entusiasma” el apoyo popular a la CICIG, plasmado en varias movilizaciones en los últimos meses, porque prueba que ha contribuido a un “cambio” en el país.

“Guatemala no es la misma que en 2014, y esa expresión ciudadana es una demostración de que hay algo diferente en el país, y es la que yo espero que logre mantener los avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción logrados en los últimos años”, dice.

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Sin embargo la popularidad de la CICIG ha decrecido en ante la ciudadanía guatemalteca al conocerse los casos en los que se han acusado a algunos de los colaboradores de la CICIG recientemente dentro y fuera del país.

Los procesos impulsados contra altos cargos, diputados y jueces confirman que “hay consecuencias por los actos ilícitos sin importar rango, posición o jerarquía”, algo “altamente significativo” en un país “en el que la impunidad era administrada por los poderosos”.

Velásquez advierte no obstante que en Guatemala hay “un 97 % de probabilidades de salir impune”, cifra “objetiva” que sale de revisar hechos investigados y la cantidad de sentencias; y, sobre todo, “una gran debilidad del aparato de justicia en su conjunto”. Siendo éste también un argumento de muchos de los ciudadanos, ya que ciertamente se han realizado acciones contra políticos y empresarios, existen muchas de las estructuras criminales que operan en el país que jamás se les ha dado persecución, siendo efectivamente éste su mandato, y donde ha sido criticada la CICIG por perseguir exclusivamente a políticos.

“Se ha demostrado que luchar contra la impunidad es posible, pero no se ha ganado”, afirma y pide al Estado reconocer la necesidad de reforzar su aparato de justicia, “no solo en nivel de independencia, sino también que se incremente su capacidad de respuesta”. Dentro del clamor popular existe el deseo de los guatemaltecos que la forma de actuar de la CICIG cambie, a fin de combatir no solo a los políticos corruptos, si no también a las estructuras que actúan desde siempre con impunidad en territorio guatemalteco.

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Guatemala no ha llegado a “un punto de no retorno” que impida que los avances se interrumpan o retrocedan, advierte, y cree clave el papel de funcionarios comprometidos contra la corrupción y de la ciudadanía que “despertó” en 2015.

A Velásquez no le preocupan los insultos recibidos y dice que está “acostumbrado” desde su época de magistrado de la Corte Suprema colombiana, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe montó un “complot” para involucrarlo en un caso de manipulación de testigos.

“No son comentarios agradables, pero no me generan inquietud o zozobra. Me han tratado de manipulador de testigos, comunista, guerrillero, paramilitar… Es la forma en que quienes han tenido el control de la impunidad en nuestros países buscan defenderse”, dice.

Velásquez, y la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana, recibirán en un mes en Estocolmo el prestigioso Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood, un galardón que él valora por la importancia del premio y el reconocimiento a un trabajo colectivo. Es de destacar que Thelma Aldana se ha reunido con guatemaltecos de dudoso proceder para impulsar su carrera política, inclusive en El Salvador, para evitar la comisión del delito de campaña anticipada.

“Signifca el respaldo a una lucha que hemos liderado, pero no es nuestra, es la lucha del pueblo guatemalteco”, afirma, y con lo que la mayoría de guatemaltecos coincide.