La cultura de la extorsión

La inseguridad pareciera prevalecer, el temor percibimos que se multiplica, y las fuerzas oscuras que operan en el país se evidencia que comienzan a multiplicarse cual plaga.

Actualmente en nuestro país se vive una crisis más severa de violencia que se ha agudizado con el hecho que algunos guatemaltecos recibieron su bono catorce.

Actualmente las instituciones estatales son más cada vez más débiles y cada día pierden credibilidad.

Hace unos días, Guillermo Vázquez, investigador en The Global Initiative against Organized Crime, me compartió el estudio “Una cultura criminal: extorsión en Centroamérica”. El estudio, recién publicado, se trata de uno de los esfuerzos mejor documentados por entender los factores que han hecho del Triángulo Norte (formado por El Salvador, Guatemala y Honduras) una de las regiones más violentas del globo.

Es también un retrato de fenómenos delictivos que a los ciudadanos nos resultan familiares, y que vemos en casi todos los países del istmo. Describo a continuación cuatro lecciones de la experiencia centroamericana que considero particularmente relevantes.

Primera lección. Los grupos criminales más peligrosos no surgen por el mero hecho de que haya pobreza. Por el contrario, estos grupos suelen germinar a partir de pequeños nichos sociales en los que hay experiencia en el uso de la violencia colectiva. En los países del Triángulo Norte, los grupos que generan más daño –las infames maras– tienen su origen en la deportación de exconvictos que el gobierno de Estados Unidos instauró en la década de los noventa. Aunque había antecedentes de violencia armada en la región, la situación de crisis que se vive actualmente sería incomprensible sin estas deportaciones que llevaron de golpe a la región a cientos de hombres que tenían experiencia delictiva y que ya estaban organizados en pandillas.

Segunda lección. Apostarle al uso masivo de la coerción y de la cárcel, cuando las instituciones son débiles, la violencia sólo empeora las cosas. Ante las deportaciones de exconvictos y el surgimiento de pandillas, los gobiernos centroamericanos reaccionaron de la peor forma posible: con una política mal entendida de “mano dura”. La mano dura esencialmente consistió en el encarcelamiento a diestra y siniestra de pandilleros.

En los primeros años de este siglo Guatemala triplicó su población penal; El Salvador la cuadruplicó (actualmente El Salvador tiene más de 600 internos por cada 100 mil habitantes y tiene la segunda tasa de encarcelamiento más alta del mundo, sólo por debajo de Estados Unidos). Sin embargo, en países con sistemas judiciales y penales débiles, estar en prisión sale muy caro.

Nada en un juicio se mueve sin dinero. Sin dinero, la vida en prisión es inhumana. Por lo tanto, tras los arrestos en masa, las pandillas se vieron orilladas a generar más ingresos y a generarlos de forma regular. Las pandillas se transformaron en empresas criminales y las prisiones se convirtieron en las instalaciones corporativas de esas empresas.

Tercera lección. La extorsión es el negocio criminal con mayor potencial de crecimiento. En México se piensa mucho en narcotráfico y, más recientemente, en robo de combustible. En el Triángulo del Norte, en contraste, el gran negocio es el cobro de cuota o “de renta”, como se dice en El Salvador. El secreto de las pandillas ha sido escalar las operaciones y así transformar una actividad artesanal en una industria eficiente. Se extorsiona lo mismo a los pequeños productores agrícolas que a las empresas trasnacionales. Siempre que se puede se tira alto: las maras evitan perder el tiempo con pequeños cobros a operadores. Mejor amenazan directamente a los altos directivos de las empresas.

Cuarta lección. Incluso allí, donde las instituciones del Estado no parecen funcionar, hay algunas alternativas; sin embargo, no son alternativas agradables. Por una parte, para los sectores con más recursos, la seguridad privada ha sido la tabla de salvación. Las compañías de seguridad privada operan con un enorme margen de discrecionalidad, contratan a exmilitares y usan equipo militar. Estas compañías parecen ser el único actor que mantiene cierta capacidad para poner límites a las maras.

Por otra parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele lanzó una estrategia audaz para frenar la violencia criminal. El pasado 28 de junio, el mandatario decretó un draconiano estado de emergencia en las cárceles de su país.

Se cortaron prácticamente todas las comunicaciones entre el interior y el exterior de los penales, se suspendieron las visitas familiares y los internos no pueden salir de sus celdas. Bukele dice que el estado de emergencia se mantendrá hasta que las pandillas dejen de matar gente. Se trata, por supuesto, de una medida desesperada y de legalidad cuestionable.

Sin embargo, es también una iniciativa popular en un país donde gran parte de la población paga “renta” a organizaciones que operan desde los penales.

Autor Eduardo Guerrero 

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