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OPINIÓN: Guatemala, Se termina la lucha contra la corrupción

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -Cicig- se ha ido. Hay mucho que decir al respecto, y de hecho, ya se ha dicho muchísimo, tanto penando su salida, como festejándola.

Gracias a Dios los echamos y nunca más debemos esperar ni permitir que quieran venir a pisotearnos“.

Presidente Jimmy Morales refiriéndose a la Cicig

La presidencia de Jimmy Morales se encargó a la perfección de lograr un marcado espíritu anti Cicig, disfrazando la crítica (¿el miedo a ser investigado?) con una pretendida defensa de la soberanía, contrariando la presunta “injerencia” foránea con un acendrado espíritu de unidad nacional y patriotismo (al mismo tiempo que se arrodilla deshonroso ante la Casa Blanca aceptando un ignominioso acuerdo para mantener migrantes en el territorio guatemalteco impidiendo que lleguen a Estados Unidos).

La Comisión era un órgano independiente de carácter internacional, financiada por el Sistema de Naciones Unidas. Comenzó a trabajar en el país por acuerdo suscripto entre esa instancia internacional y el gobierno nacional a partir de diciembre de 2006. Su cometido era apoyar al Ministerio Público así como a la Policía Nacional Civil y otros entes del Estado en su lucha contra los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, los cuales perduraron después de la finalización del conflicto armado interno con una considerable cuota de poder, y contribuir con acciones que tendieran al desmantelamiento de estos grupos. En otros términos: trabajar contra la impunidad, tal como su nombre lo estipula.

A lo largo del tiempo de su permanencia en el país, pasó por distintas fases. Con un par de comisionados antes de la llegada del tercero y último, el colombiano Iván Velásquez (primero Carlos Castresana -2007, 2010-, luego Francisco Dall’Anese -2010, 2013-), su perfil no fue especialmente alto en términos de impacto político en la mayor parte de su actuación. Mediáticamente no tuvo el lugar que cobró en el año 2015, luego del caso que quizá fuera el más notorio de toda su permanencia: la desarticulación de la banda criminal La Línea, capitaneada por el entonces binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. De todos modos, aunque sin el impacto alcanzado allí, siempre molestó a los grupos de poder que se sintieron perseguidos debido a su inveterada práctica corrupta y la posibilidad de ser descubiertos.

De esa cuenta, y solo a modo de ejemplo, el Comisionado Castresana pudo decir en el 2010: “Grupos criminales que están enfrentados entre sí han cerrado filas contra la Comisión porque han entendido que el peligro era compartido y común (…) y la forma que encontraron para detener la acción de la Cicig fue destruir mi imagen, recuperar los espacios perdidos y la filtración de estructuras criminales en las instituciones de justicia“. Algo similar hicieron todos los grupos tocados por las investigaciones a lo largo del tiempo, siempre buscando desacreditar a la organización, generando escándalos mediáticos contra sus directores, bombardeándola de distintas maneras, llegando al colmo, en agosto del 2018, de cercar su edificio con vehículos militares como muestra de profundo descontento y provocativa amenaza.

De todos modos, si bien la Cicig procedía a impulsar el trabajo contra la impunidad y la corrupción, tal como era su mandato, no tuvo durante varios años el impacto que alcanzaría en su último período. Comenzó a tomar especial notoriedad durante la presidencia demócrata de Barack Obama en Estados Unidos. Allí, en 2014, tuvo lugar un boom mediático con la gran cantidad de niñas y niños migrantes no acompañados provenientes de los países centroamericanos, detenidos en la frontera sur del país norteamericano. Ello trajo como consecuencia la iniciativa de Washington de intentar frenar esos enormes flujos migratorios, por lo que surge la idea de un plan específico para paliar, al menos en parte, esas salidas masivas. Dicho de otro modo: minimizar los factores expulsores.

En esa lógica es que la Casa Blanca decide pedir/exigir un mayor compromiso de los Estados centroamericanos en la atención de los satisfactores mínimos y elementales de sus poblaciones, buscando así que la gente no emigre en forma tan multitudinaria hacia el supuesto “sueño americano”. La estrategia consistió en fomentar un mayor compromiso de los gobiernos de los países de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador) en la recaudación fiscal, a partir de la cual poder desarrollar planes sociales que hicieran más tolerable la vida en estos lares. Dicho de otro modo: generar más oportunidades de trabajo y mejorar las tan durísimas condiciones de vida de las poblaciones (reformas en salud, educación, vivienda, acceso a tierras cultivables, acceso a microcréditos). Surge así el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Su condición: bajar los índices de corrupción de los Estados para que los mismos estén en condiciones de ofrecer mejores servicios, en el entendido de que aquélla es el factor principal que obstaculiza el bienestar.

En esa dinámica, la Cicig en Guatemala, y engendros similares en Honduras y en El Salvador, fueron la punta de lanza para llevar adelante esa iniciativa. Washington exigió, sin miramientos, que la Comisión se quedara en Guatemala cuando estaba por expirar su mandato, y profundizara su lucha contra la corrupción. Para ello vino el por entonces vicepresidente estadounidense, Joe Biden, torciéndole el brazo al reacio Pérez Molina -operador de uno de esos grupos criminales-, quien no quería renovar un nuevo período de la instancia internacional, para forzarlo a “aceptar” la continuidad de la Cicig. Por supuesto, donde manda capitán, no manda marinero. Y la Cicig se quedó y agigantó.

Es en esa perspectiva política que el gobierno de Estados Unidos levantó exponencialmente el perfil de la Cicig en el país, siendo el representante de Washington, el por ese entonces embajador Todd Robinson, el virtual “mandamás” que lideró la lucha contra la corrupción. “Toca al gobierno y a la gente de Guatemala luchar cada día contra la corrupción y el crimen organizado. Me da rabia francamente la situación acá. Toca al gobierno, toca a las autoridades locales cambiar su situación. Nosotros podemos ayudar pero ellos tiene que cambiar su situación“, declaró en alguna oportunidad en una precaria escuela rural en el departamento de Izabal, mostrando que la corrupción (¡y no la injusticia estructural!) es la causa de las penurias de la población. ¿Estados Unidos preocupado por la corrupción en Centroamérica? Dudoso, sin dudas. Se jugaba ahí el proyecto de detener las migraciones masivas y no otra cosa.

Allí, entonces, se agiganta la figura del Comisionado Iván Velásquez y de la entonces Fiscal General y jefa del Ministerio Público Thelma Aldana. Para el 2015, esa “lucha” frontal contra la corrupción alcanza su pico máximo, se visibiliza mediáticamente como no se había hecho hasta entonces, y la Cicig es su abanderada. Las sabatinas movilizaciones urbanas completaron el cuadro (no entramos a analizarlas aquí porque es indemostrable, en principio, hasta dónde la estrategia estadounidense -perfiles falsos de redes sociales mediante- jugó un papel básico en ese despertar ciudadano). Lo cierto es que el sentimiento anti-corrupción inundó el país. Y el binomio Pérez Molina-Baldetti fue a parar a la cárcel. Curioso y digno de no olvidar nunca: el mismo ex presidente, ya preso, dijo que esa medida era “política” (y en un sentido no se equivocaba), pues se detuvo a La Línea 1 (los operadores directos de la red mafiosa), pero no a la que llamó “Línea 2” (empresariado beneficiado y nunca tocado). Es evidente que esa “lucha”, esa cruzada anti-corrupción, tenía más de propaganda mediática que de intención real de mejorar las condiciones estructurales del país.

Corrupción e impunidad son una constante que marca la historia de Guatemala. Son prácticas culturales absolutamente entronizadas. Claudia Paz, la anterior Fiscal General, declaró que en el momento de recibir ese cargo en 2010, el 98% de los ilícitos quedaban impunes. A su salida del cargo, ese porcentaje había bajado a 75. Más allá del buen trabajo realizado por ese Ministerio Público bajo su mandato, tales prácticas definen la historia nacional, y se ven muy (¡pero muy!) difíciles de erradicar. La corrupción, en tal sentido, no es la causa de los problemas sino un efecto de la forma en que se desenvuelve la sociedad. El problema de fondo es un capitalismo agroexportador dependiente y subdesarrollado, manejado por unos pocos grupos económicos que hacen del país una gran finca. Su administrador de turno es el presidente -desde hace unos 30 años: civiles elegidos democráticamente; anteriormente: militares, pero en esencia, poderosos grupos oligárquicos decidiendo todo, junto al gobierno estadounidense-. Esa cultura de corrupción e impunidad atraviesa la sociedad toda y se instaura como modelo dominante. Por eso un ciudadano de a pie, pobre y excluido, también repite prácticas corruptas (el soborno es una institución cultural, por ejemplo). Si “los de arriba” lo hacen -con inconmensurables cuotas de impunidad-, ¿por qué no lo repetirían “los de abajo” en la escala que les es posible?

La Cicig lideró esa mediáticamente “monumental” lucha contra la corrupción en el 2015, llegando a rozar incluso a esos grupos históricamente intocables; el caso de Aceros de Guatemala, gran empresa perteneciente a poderosos capitales nacionales, lo evidenció. Los rozó, pero quienes terminaron presos: funcionarios públicos, militares, operadores políticos, nunca fueron los reales “peces gordos”. Pérez Molina y su equipo son “de abajo”, y la lógica política del momento permitió quemarlos. La oligarquía nunca fue tocada. Pero también se puso nerviosa. De todos modos, el accionar de la Comisión molestó profundamente a todos esos factores de poder, crimen organizado incluido. Durante su accionar, este ente investigador ayudó a desarticular más de 70 estructuras criminales, acusando a 1,540 personas (entre funcionarios de gobierno, diputados, algunos empresarios, jueces y civiles), de las cuales 670 fueron procesadas, lográndose 400 sentencias, 100 solicitudes de retiro de inmunidad a funcionarios y apoyando más de 30 iniciativas de ley que fomentaron la transparentización del Estado y de las prácticas jurídico-políticas en general.

Ante todo ello, tanto los tradicionales como los nuevos grupos de poder (alto empresariado, militares, casta política, nuevos ricos ligados a prácticas criminales como narcotráfico y contrabando, jueces corruptos, estructuras que crecieron a la sombra del Estado contrainsurgente), todos resultaron tocados, o posibles de ser tocados. Incluso un personaje como Álvaro Arzú, multimillonario y principal factótum de la política nacional, ex presidente y eterno alcalde capitalino, tembló. Por lo que se ve, nadie está libre de culpa; todos, de un modo u otro, tienen “cuentas pendientes”. La evasión fiscal, por ejemplo, es un delito. Y en Guatemala, quien más evade son, justamente, los grandes oligopolios tradicionales.

Si bien es cierto que la más rancia oligarquía no se vio directamente afectada, también se sacudió ante las investigaciones impulsadas por la Cicig. Es moneda corriente en el país desde tiempos inmemoriales que el poder se ejerce impunemente, sin límites, con criterio casi de señor feudal (en las fincas más recónditas aún permanece un virtual derecho de pernada del “patrón”). Las fortunas -las tradicionales y las nuevas- se hacen siempre sobre la base de una brutal impunidad: salarios de hambre (el sueldo básico, que cobra solo un tercio de los trabajadores, cubre apenas la tercera parte de la canasta básica), fabulosa evasión impositiva (Guatemala es el segundo país de Latinoamérica en menor carga fiscal, con apenas un 10% del PBI, mientras que la media de la región ronda el 25%, y los ahora olvidados Acuerdos de Paz fijaban un piso de 12%, para crecer luego gradualmente), represión abierta (pese a la Firma de la Paz Firme y Duradera en 1996, nunca se detuvo la ejecución de líderes comunitarios y activistas del campo popular), criminalización de la protesta social, un discurso dominante todavía absolutamente empapado de los valores de la Guerra Fría. Dicho sea de paso: el anticomunismo visceral sigue campeando altivo, llegándose a ver como una “amenaza bolchevique” a las Naciones Unidas, a la Cicig, al actual Papa Francisco, al ex embajador estadounidense Todd Robinson, a cualquier atisbo de reivindicación social como los movimientos feministas, o por la diversidad sexual, o por el aborto o la legalización de la marihuana. O, todavía más, a una propuesta muy tímidamente socialdemócrata como quien llegara recientemente a la segunda vuelta electoral, Sandra Torres. El espíritu conservador se amalgama perfectamente con la impunidad y la corrupción.

El ¿fallecido? Álvaro Arzú (hay quien dice que para evitar ser investigado fraguó su muerte), conspicuo representante de la más añeja oligarquía y uno de los principales actores políticos del país en los últimos 30 años, fue el primordial adversario de la Cicig. Con la presidencia de Jimmy Morales y el cabildeo realizado por los grupos mafiosos guatemaltecos en Estados Unidos con los sectores más conservadores de la administración Trump, se logró prácticamente desarticular el accionar de la Comisión. El ofrecimiento que hiciera la administración de Jimmy Morales a principios de 2018 de trasladar la embajada guatemalteca en Israel de Tel Aviv a Jerusalén haciendo el coro a Washington, fue una rastrera -y desesperada- medida para lograr el favor del imperio en cuanto a quitar el apoyo a la Cicig. De ahí que ésta, en su informe final, pudo decir: “En los últimos años, más concretamente desde 2016, Cicig ha enfrentado una fuerte reacción que se ha generado desde grupos empresariales y políticos afectados por las investigaciones lideradas por el MP y la CICIG, atacando la labor de la comisión en tres áreas: 1) acciones de lobby internacional para minar el apoyo político y financiero a la Comisión, incluyendo la difusión de noticias falsas; 2) campañas de desprestigio y difamación de la Comisión y sus funcionarios en redes sociales; y 3) acciones directas para entorpecer las operaciones de la decisión“.

Retirada ya la Cicig desde septiembre, pueden sacarse al menos dos conclusiones: 1) el Estado sigue cooptado por grupos de poder que se manejan mafiosamente (10% del PBI está representado por una “economía caliente” -narcoactividad, contrabando, contratos dudosos con los gobiernos de turno-, según pudo establecer el PNUD, mientras que los poderosos grupos tradicionales siguen evadiendo impuestos a sus anchas), siendo que la corrupción es parte fundamental del accionar político-empresarial, por lo que seguirá impune, y 2) lo que sucede en el país está siempre monitoreado / autorizado / impulsado por el principal factor de poder en estas tierras: Washington.

Los sectores económicamente bien posicionados (tradicionales y advenedizos, los que crecieron después de la guerra) manejan a discreción el Estado. Ello siempre fue así, desde la colonia hasta hoy, y cualquier intento de modificación es duramente castigado. La llamada “primavera democrática” de 1944-1954, intento de modernizar el país, siempre en la lógica capitalista pero con un posicionamiento más social, más en favor de las mayorías históricamente excluidas, terminó con un sangriento golpe de Estado, dirigido en muy buena medida por la CIA de Estados Unidos, que hacía su debut como organización con esa bien planificada intervención.

La Cicig, si bien no tocó especialmente a la gran oligarquía, era una molestia. Los operadores políticos que funcionan como agentes públicos moviendo las palancas de ese Estado, el alto empresariado y sus grupos adláteres (los partidos políticos financiados siempre con dineros dudosos), todos juntos en eso que se dio en llamar el “Pacto de Corruptos”, estaban muy nerviosos con estas averiguaciones “molestas”. Allí cualquiera podía caer, porque todos los factores de poder (empresarios, políticos, militares, incluso rectores de la universidad pública) tienen historias “comprometedoras”. Solo para ejemplificarlo: ¿quién mató al militar Byron Lima, detenido en cárcel de ultra lujo? ¿Qué podía decir esta persona si abría la boca? Doce matones fuertemente armados irrumpieron en su prisión y lo acribillaron. ¿Impunidad? Todos, absolutamente todos los factores de poder estaban preocupados porque un día la Cicig tocara a su puerta. De ahí que, con el gobierno republicano de ultra derecha de Donald Trump -que frenó el Plan para la Prosperidad de Centroamérica prefiriendo erigir un muro fronterizo- esos sectores se sintieron envalentonados y desarmaron todo lo avanzado en la lucha contra la corrupción, festejando la salida de la Cicig como un verdadero triunfo. Ya se le habían cerrado puertas en el último tramo del gobierno de Jimmy Morales, prácticamente desmantelándola y prohibiendo la entrada al país luego de un ocasional viaje al extranjero del Comisionado Iván Velásquez. Ahí comenzó la batalla final. Se la desacreditó, presentándola como una “misión comunista que venía a polarizar a la sociedad guatemalteca, creando divisiones y malestares”. El discurso caló, haciendo que más de alguna persona repitiera esa visión, creándose un clima anti Cicig bastante extendido.

Ahora, con su finalización oficial, esos sectores poderosos bailan de gozo. Ya no habrá “investigaciones molestas”, y las cosas vuelven a la “normalidad”. Sin ninguna vergüenza el Presidente Jimmy Morales pudo decir un par de días antes del final de la misión: “Gracias a Dios los echamos y nunca más debemos esperar ni permitir que quieran venir a pisotearnos“.

La lucha contra la corrupción queda debilitada. (…) La justicia y la independencia judicial no son temas que interesen a muchos en el gobierno” declaró, no sin consternación, Haroldo Vásquez, juez pesquisidor que llevó varios casos apoyados por la Cicig y presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, ante el retiro del ente internacional. El futuro presidente, Alejandro Giammattei, que asume en enero del próximo año, no ha mostrado el más mínimo interés por pedir una comisión internacional similar. De momento hay una vaga idea de una estructura nacional que se encargaría del problema de la corrupción. Valga decir que Giammattei pasó diez meses en prisión por un caso de “limpieza social” cuando fue Director del Sistema Penitenciario, evento también denunciado por la Cicig.

La derecha, ese Pacto de Corruptos que ahora domina ampliamente las distintas instancias del aparato estatal: Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Contraloría de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, con el aval de Washington y sin un campo popular y una izquierda que sean realmente alternativas de poder en este momento, seguramente comenzará a pasar factura a quienes “osaron” levantar las tapas del infierno y denunciar la podredumbre reinante. Amparado en el anonimato, un ex funcionario público, detenido a partir de una investigación llevada adelante por la Cicig, dijo a la agencia noticiosa Reuters: “Ahora ya tenemos la lista de los investigadores y fiscales que nos la van a pagar por haber sido tan mala gente con todos nosotros“.

La reciente detención de la ex candidata Sandra Torres por financiamiento electoral ilícito (igual que todas las fuerzas políticas) y el anuncio de prohibición de su partido Unión Nacional de la Esperanza -UNE-, tibia -muy tibia- oposición política (¡Sandra Torres no es de izquierda!), muestra lo que se viene, allanando el camino para el primado absoluto de la corrupción y la impunidad. A casi 23 años de finalizada la guerra interna, con un raquítico proceso de paz, el retiro de la Cicig deja ver que nada ha cambiado en lo sustancial en el país, aunque exista una formal democracia y no haya combates en las montañas. La consigna, definitivamente, sigue siendo: “El que manda, manda. Y si se equivoca… ¡vuelve a mandar!”

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