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OPINIÓN: Razones de mi oposición a la ya extinta CICIG

¿Acaso atacar a esa comisión necesariamente era defender a esos saqueadores?

COLUMNA
LOGOS

Por: Luis E. Perez E.

OPINIÓN: Razones de mi oposición a la ya extinta CICIG

Quien crea que la razón de mi oposición a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala era defender a los saqueadores del tesoro público, incurre en una estupidez. ¿Acaso atacar a esa comisión necesariamente era defender a esos saqueadores?

Quien crea que la razón era defender la criminalidad impune, incurre en una estupidez. ¿Acaso atacar a esa comisión necesariamente era defender la impunidad?

Quien crea que la razón era defender la ilegalidad o la transgresión del derecho, incurre en una estupidez. ¿Acaso atacar a esa comisión necesariamente era ser enemigo de la legalidad y del derecho?

No pido abstenerse de esa estupidez. Quizá sea una abstención imposible. Pido exhibirla con vergonzante prudencia. He aquí algunas de las razones por las cuales me oponía a la Comisión Nacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Primera. la comisión era incompatible con el régimen legal de Guatemala; pero principalmente era incompatible con la Constitución Política. He aquí algunos ejemplos.

La constitución crea tres organismos del Estado; pero la comisión era un cuarto organismo, poseedor de una naturaleza extraordinaria: de hecho ejercía funciones legislativas, judiciales y ejecutivas.

La constitución declara que el jefe del Ministerio Público es el Fiscal General de la República, a quien compete el ejercicio de la acción penal pública; pero el jefe de la comisión era el ultra-jefe de ese ministerio y el ultra-fiscal general. El comisionado usurpaba las funciones del Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República.

La constitución le confiere a cada organismo del Estado funciones propias que los otros organismos no pueden usurpar; pero esa comisión tenía una independencia absoluta, que no tienen los mismos organismos del Estado. Con tal independencia la comisión sometió a su autoridad y a su poder a los organismos del Estado.

Segunda. La comisión pudo haber tenido éxito en algunos casos del llamado “combate a la impunidad”; pero tal éxito, aunque le confería utilidad, no le otorgaba legalidad. Es importante precisamente distinguir entre utilidad y legalidad. Cometer un asesinato puede ser útil; pero no por serlo, es legal.

En el Estado, una condición necesaria de la utilidad de una institución tiene que ser la legalidad. Y aquellos a quienes no importaba la legalidad de la comisión, sino su utilidad, cometían un gravísimo error: ellos mismos autorizaban a ser víctimas de actos ilegales pero útiles del Estado.

Tercera. La comisión provocaba la infundada esperanza de que una institución internacional con ilimitado poder ilegal podía combatir la criminalidad, reducir la impunidad y mejorar la administración oficial de justicia.

Empero, la misma comisión, en su reciente y último informe anual, reconoció que persisten graves problemas de criminalidad e impunidad. Y evidentemente la administración oficial de justicia no mejoró. Entonces la comisión no solo fue intrínsecamente ilegal, sino esencialmente inútil.

Cuarta. La comisión provocaba un peligroso relajamiento de las instituciones del Estado a las cuales compete la seguridad pública, la investigación criminal y la persecución penal pública.

Una vez el presidente Álvaro Colom Caballeros declaró que, gracias a la comisión, “dormía tranquilo”. Fue una declaración de aquel a quien competía, en calidad de Presidente de la República, procurar seguridad pública y obligar a cumplir la ley, y para tal finalidad, debía comandar las fuerzas de seguridad del Estado, y no ser arrulladoo por la comisión.

Actualmente, por ejemplo, el Ministerio Público, una de cuyas funciones es la acción penal pública, es más inepto de lo que era hace doce años, cuando la comisión todavía no comenzaba su obra de intrínseca ilegalidad.

Quinta. La comisión provocaba, en los jueces, un interés político por complacer, con sus veredictos, la expectación de esa misma comisión; interés conexo con el temor de que ella pudiera impugnarlos y hasta acusarlos de cooperar con organizaciones criminales. Los magistrados y los jueces ya no debían servir a la justicia. Debían servir a la comisión.

Sexta. La comisión provocó una infortunada distracción sobre los problemas jurídicos fundamentales que dificultan y hasta impiden el progreso del Estado en la prevención y combate de la criminalidad, y en la reducción de la impunidad, y en la eficiencia y eficacia de la administración oficial de justicia. Provocó tal distracción porque suscitaba la impresión de que únicamente ella tenía el saber, la autoridad y el poder de perseguir la criminalidad y extinguir la impunidad.

Séptima. “In summa”: La comisión introdujo una novedosa modalidad de corrupción de la investigación criminal, la persecución penal pública y la administración oficial de justicia. Y fue abolido el principio de presunción de inocencia. Y fue abolido el principio según el cual es preferible absolver al culpable que condenar al inocente. Y fueron inventados testigos y fue brindada privilegiada protección a quienes suministraran un falso pero propicio testimonio.

Y varios ciudadanos de quienes teníamos una fundada confianza en su inocencia fueron víctimas de una injusta acción penal pública promovida por la comisión, y algunos murieron miserablemente durante su funesta prisión preventiva, que tendía a prolongarse infinitamente. Y la comisión persiguió a militares que habían derrotado a la guerrilla, y a algunos empresarios; pero nunca persiguió a algún exguerrillero autor de actos terroristas, destructor de bienes públicos y privados, asesino, extorsionista y secuestrador.

Post scriptum. En una sociedad que pretende tener un régimen de derecho, o por lo menos un régimen de mera legalidad, la utilidad de una institución debe cumplir la condición necesaria de ser conforme al derecho, o conforme a la legalidad. Jamás la utilidad debe ser un motivo para despreciar el derecho o la legalidad.

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