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EDITORIAL: Comisión va tras la destitución de jueces y fiscales

Mientras algunos se rasgan las vestiduras por la posible prolongación del período de los actuales magistrados en virtud de amparo de la CC, alegando que se está afectando al Estado de Derecho, no digan ni pío ante la disposición del Congreso en el tema de las investigaciones contra la CICIG y contra la gente que haya colaborado con el ente internacional.

Se deduce que han llegado al punto de que procuran arrogarse la facultad de destituir a jueces y fiscales que, a juicio de la comisión anti-CICIG, o quienes en función de sus deberes como servidor público hayan sido comparsas de esa Comisión Internacional establecida a solicitud de Guatemala, con las formalidades del caso, para combatir la impunidad.

En el caso de la prolongación de período de los magistrados hay antecedente legal que ha funcionado tanto con la CSJ como con el Tribunal Supremo Electoral sin que derivara en agravio del Estado de Derecho, pero la separación de poderes es asunto de primordial importancia dentro de nuestro ordenamiento constitucional y a estas alturas todos los grupos sociales y la sociedad deberían estar alarmados por la forma en que el Congreso ha dispuesto pasarse por el arco del triunfo ese principio.

Pero como lo que están haciendo es, al fin de cuentas, parte del Pacto y de los intereses de todos aquellos que se sintieron afectados por la CICIG, es natural el silencio de quienes usan el argumento del Estado de Derecho de la Institucionalidad para protegerse y preservar su propia impunidad.

Es un hecho clarísimo que en el Congreso la intención no es ir a capturar a Iván Velásquez para traerlo al país, sino que se pretende que esa comisión recomiende la destitución de jueces como Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifán, además de que se pida la cabeza de todo el personal del Ministerio Público que trabajó con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, empezando por el fiscal Sandoval, detestado por aquellos que fueron objeto de las investigaciones sobre el tema de la corrupción y la cooptación del Estado mediante el financiamiento electoral ilícito.

Obviamente el decreto que crea la comisión y le asigna facultades que van más allá de las competencias del Congreso nació muerto y será otro punto de desencuentro con la CC que, en ejercicio de su función, deberá conocer el amparo que ya se tramita contra la resolución del Congreso. Y será esa misma Corte de Constitucionalidad cuya legitimidad es minada por los que quieren aprovechar los tres meses que le quedan a este Congreso, para terminar de hacer micos y pericos a fin de institucionalizar la impunidad.

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