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Los negociantes de la salud

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Cuando el cardenal Álvaro Ramazzini pregunta ¿por qué en Italia los medicamentos cuestan cuatro o cinco veces menos que en Guatemala?, la respuesta es muy sencilla: vivimos en un país donde los oligopolios funcionan sin ningún freno, corrompen y deciden los precios que mejor les favorecen. Usted puede ir a otro país donde funcione el mercado y podrá adquirir medicamentos mucho más baratos que en Guatemala. Esos cárteles son la expresión clara de la distorsión del mercado y en nuestro país también existen en la distribución de la gasolina, ingenios azucareros, venta de pollo y, por supuesto, las farmacéuticas. Se trata de cárteles que evitan la competencia entre ellos, regulan la producción, distribución y fijan los precios. No estamos hablando de libre mercado, sino de una imposición mercantil que durante años ha llevado el lucro a niveles salvajes, sin que exista autoridad que pueda controlar esos desmanes porque la han comprado.

Usted puede consultar por el precio de un medicamento en las dos cadenas que se han apoderado de la venta en el país y podrá comprobar que son similares, no hay competencia. Estos comercios son la parte más visible de una estructura que llega hasta las farmacéuticas que importan y distribuyen los medicamentos y que han creado un aparato de control político para evitar acciones gubernamentales. El caso más paradigmático lo constituye el de Gustavo Alejos Cámbara, quien llegó a ocupar el influyente cargo de secretario privado del presidente Álvaro Colom, gracias al financiamiento que le dio en la campaña electoral del 2007. Este empresario mantuvo vínculos con J.J. Cohen, droguería Colón, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma, según las pesquisas penales. Este exfuncionario fue implicado en el caso Negociantes de la salud, en el 2015, como parte de una red de proveedores, funcionarios y operadores señalados de manipular procesos de licitación y compra a favor de farmacéuticas y empresas de servicios.

Alejos Cámbara fue durante mucho tiempo uno de los hombres más poderosos del país, por su cercanía al poder. Según la Cicig, este empresario fue financista de partidos como la UNE, Gana, Todos y PP, y al mismo tiempo era operador político y facilitador de negocios, principalmente farmacéuticos. Incluso, Otto Pérez Molina vivía en una casa de Alejos Cámbara cuando fue presidente del país. En la investigación se señaló al empresario de formar parte de una cadena de corrupción dentro del IGSS que manejaba información privilegiada, lograba cooptar y corromper funcionarios, manipular el mercado y favorecer a determinados proveedores. O sea, en el alto precio de la medicina va cargado el costo de mantener esa red de corrupción y sobornos, que se extiende a congresos e invitaciones a médicos para que receten sus medicamentos.

Esa sería una de las razones por las que una farmacéutica se fue con todo contra el médico Román Carlos Bregni, que denunció públicamente cómo el precio de los medicamentos en Guatemala es el más alto de América Latina y probablemente del mundo. El galeno señaló cómo el paciente paga esa estructura de corrupción en el sistema de salud pública. La respuesta fue contundente al ser demandado y presionado por un sistema de justicia que también está cooptado por esa red de negociantes de la salud. Esta semana un grupo de médicos se solidarizó con el doctor Carlos Bregni y reiteró su derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento para señalar las formas encubiertas e ilícitas con que las farmacéuticas se han enriquecido a costillas de la salud de los guatemaltecos. Espero que Alejandro Giammattei dé un giro real durante su gobierno para terminar con las mafias y realmente vele por un sistema de salud pública que anteponga los intereses de la población a los del cártel farmacéutico.

Via PL

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