Decreto 15-2020 del Congreso

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El pasado viernes, el Decreto 15-2020 del Congreso fue publicado en el Diario  Oficial, por orden de la Junta Directiva de dicho Organismo. Por medio del referido Decreto se garantiza que no puedan ser interrumpidos ni suspendidos los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono e internet, aunque los usuarios no paguen por los respectivos consumos, durante el plazo del estado de calamidad público decretado por el gobierno, con motivo de la pandemia del coronavirus (COVID-19), así como durante sus prórrogas.

Como se recordará el pasado 30 de abril, el Congreso, con el voto favorable de 126 diputados, rechazó el veto presidencial del indicado Decreto, contenido en el Acuerdo Gubernativo 61-2020. Originalmente, dicho Decreto fue aprobado por el Congreso con el voto favorable de 140 diputados.

En todo caso, el Acuerdo Gubernativo 61-2020 expresa, entre otras cosas, que en que el Decreto 15-2020 del Congreso contraviene el Artículo 119 de la Constitución, ya que “este establece ‘obligaciones fundamentales del Estado para promover el desarrollo económico de la Nación”, “no establece con precisión las medidas económicas y financieras, no desarrolla la norma, ni la precisa”, “contraviene varios artículos de la Constitución. Establece el servicio básico de ‘luz’, el cual no se encuentra regulado de esa forma. Se presume que se refiere específicamente al servicio energía eléctrica” y “además, en algunas partes del Decreto se refiere a “servicios de agua” y en otras a “agua potable”. Es decir que el veto presidencial se fundamentó en violaciones constitucionales contenidas en el referido Decreto.

Conforme a la Constitución, si el Congreso no acepta las razones del veto con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de diputados (107), el Presidente debe obligadamente sancionar y promulgar (ordenar su publicación en el Diario Oficial) el respectivo decreto. En este caso, si el Presidente no sanciona ni promulga el respectivo decreto, dentro del plazo constitucional, la Junta Directiva del Congreso debe ordenar la publicación del decreto dentro de un plazo que no exceda de 3 días, para que cobre vigencia y surta sus efectos.

Sin embargo, la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la sentencia de fecha 13 de junio de 2017 (expediente 2105-2016), expresa: “(…) es evidente que dentro del procedimiento legislativo de formación de ley, en caso de que exista veto presidencial alegando inconstitucionalidad de la normativa, el Congreso (…) debe requerir a esta Corte que, en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 272, literal h), de la Constitución (…) y 163, literal h), de la Ley de Amparo (…), emita opinión sobre la inconstitucionalidad señalada por el Ejecutivo, para que posteriormente, recabado el parecer de este Tribunal, pueda someterse el asunto a conocimiento del pleno del Congreso y decida si es procedente o no hacer valer la primacía legislativa regulada en el Artículo 179 del Magno Texto. De esa cuenta, en el presente caso, al haberse rechazado el veto presidencial, sancionando la ley impugnada, sin que previamente se hubiere requerido y emitido la opinión de esta Corte, se concluye en la existencia del vicio interna corporis denunciado, lo cual hace procedente la acción de inconstitucionalidad promovida (…)”. Por tanto, si la actual magistratura de la CC mantiene el criterio esgrimido en dicha sentencia, el Decreto 15-2020 del Congreso debería quedar sin vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien la determinación de que los servicios de electricidad, agua, teléfono e internet no se interrumpan, aunque los usuarios no paguen por sus consumos, beneficia a los consumidores, también perjudica a prestadores de los servicios, quienes se ven impedidos de cubrir sus costos de producción y gastos de operación por falta de ingresos. Por tanto, el colapso del sector energético está a la vista, lo que redundará en imposibilidad material de suministrar electricidad. De ahí que seremos víctimas de aquello de que “no hay servicio más caro que el que no se tiene”.

Lo lógico habría sido: (i) Suspender el pago de la ilegal Tasa de Alumbrado Público; (ii) No relevar del pago del servicio eléctrico a los grandes usuarios; (iii) Ampliar el subsidio estatal de la tarifa social: (iv) Habilitar un subsidio estatal para otros usuarios focalizados como vulnerables; (v) Elaborar convenios de pago, sin recargos, con los usuarios que temporalmente se encuentren en problemas; y (vi) Habilitar líneas de crédito para financiar a los usuarios morosos. Lo que no se vale es desestabilizar cadenas productivas, para forzar la estatización de los servicios concesionados.


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