Ahora es cuando

Comparte

Por: Édgar Gutiérrez

El argumento central del presidente Giammattei para eliminar instituciones públicas ha sido la ineficiencia: redundancia de personal y desperdicio de presupuesto, sin resultados. Si con esa vara medimos cada uno de los ministerios, secretarías y otras entidades, difícilmente se libra alguna, por más esencial que sea su función.

Hasta ahora el impacto que han tenido los anuncios del gobernante son de desestabilización laboral en las dependencias señaladas y animadversión de sus clientelas, que en la mayoría de casos no van a defender la inoperancia burocrática –que ellas mismas habrán criticado- sino la necesidad de la función, sugiriendo su reingeniería o reubicación institucional.

El mandatario no está bien asesorado en materia de liquidación de Secretarías de la Presidencia, y sus palabras van quedando en el aire. La SAAS es necesaria para la seguridad y administración de la Presidencia de la República, de manera que antes de anularla había que preparar el aparato que asumiría sus funciones. Ahora resulta que la Secretaría de Asuntos Agrarios está siendo transformada, no liquidada. La Secretaría de la Paz no puede desaparecer sin que sea derogada la Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Y sobre su decisión de cerrar la Seprem –que anticipó el 10 de marzo-, el argumento, el viernes pasado que la ratificó, pudo haber sido otro, pero no que es “inconstitucional” por haber sido creada mediante Acuerdo Gubernativo, pues la Ley del Organismo Ejecutivo faculta al Presidente de la República a crear las Secretarías que “sean necesarias para el apoyo de sus funciones” (Arto. 15). 

El ánimo del Presidente de retacear el gobierno central, sería en verdad muy productivo si se convierte en un meditado plan integral de reforma institucional, acompañado del diseño de unas políticas públicas robustas. La crisis de la pandemia ofrece la oportunidad de levantar un Estado que sí funcione y le sirva a la gente. Y la serie de mesas de diálogo social que está preparando el Gobierno, es el medio idóneo de consulta democrática para captar fielmente lo que la gente, en todo el país, está pensando sobre políticas y servicios públicos.

Las reformas institucionales, de políticas públicas y otras acciones sustantivas que reorientan las vocaciones y funciones estatales no surgen de los tecnócratas. Son resultado de las relaciones de fuerza políticas y sociales, o de los llamados “cisnes negros”, esos hechos inesperados que alteran profundamente los cursos predecibles y las dinámicas socioeconómicas y políticas. En tales inflexiones es cuando se vuelve la mirada sobre las instituciones públicas y sus quehaceres, y sobre los gobernantes, pues de sus capacidades para responder a la emergencia depende críticamente la supervivencia y rápida recuperación de la sociedad y sus actividades.

Estamos aprendiendo de esta pandemia que no es suficiente contar con instituciones fuertes, si los líderes están desorbitados, como en Estados Unidos y Brasil. Los estadistas también cuentan, como vemos en Nueva Zelanda y Alemania, donde su visionaria canciller Angela Merkel, ya encendió el motor de la reforma del Estado. Nosotros, en general, no tenemos formación de Estado, no sabemos apreciar su función protectora, porque no la ha cumplido. Tampoco valoramos la formación de servidores públicos ni de estadistas, pues en el imaginario público ellos acceden a los cargos para servirse a sí mismos, aprovechándose de los servicios públicos.

Esas realidades –que deliberadamente han sobrealimentado los prejuicios- pueden cambiar ahora si hay visión y decisión. Reinventando el régimen político-jurídico se puede transformar el sistema económico, procurando aplanar la pronunciada curva de la desigualdad social, esto es, robustecer las clases medias, condición para una buena salud de la democracia.


Comparte

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *