Proceso de postulación envilecido

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Por: Editorial

En el reciente informe que rindió la fiscal general de la República, Consuelo Porras, al Congreso en relación a la manipulación e influencia en el actual proceso de postulación y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), se ha puesto de manifiesto que no solo algunos candidatos que aparecen en las nóminas elaboradas por las respectivas comisiones de postulación, han quedado en entredicho, sino que también varios diputados e integrantes de las comisiones de postulación y del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).

Asimismo, en dicho informe se advierte sobre irregularidades en los conteos de los votos de los comisionados a la hora de elegir candidatos a magistrados, así como se cuestionan algunas puntuaciones otorgadas a los candidatos.

Por supuesto, la investigación penal sobre el proceso de postulación de candidatos a magistrados de la CSJ y de la CA es muy preliminar, por lo que pende la investigación de otros operadores y actores externos que podrían estar vinculados o asociados a otros comisionados, aspirantes o candidatos nominados.

La Fiscal General, en el referido informe, concluye que “el proceso de postulación para elegir los nominados a Magistrados de CSJ y de Salas de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría del año de 2019, estuvieron viciadas desde su inicio y especialmente fueron mediante la intervención de actores externos a las mismas (…)”. Ahora, entendemos por qué la Fiscal General, en su oportunidad, solicitó la anulación de la sentencia de fecha 5 de mayo de 2020 (expediente # 1169-2020), dictada por la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que esta se limita a ordenar a los diputados que excluyan de las nóminas de candidatos a magistrados a los candidatos que están siendo imputados, sin agotar el debido proceso penal, dejando válido todo el proceso de postulación a cargo de las comisiones de postulación, así como la evaluación practicada por el CCJ. Sin embargo, la CC no accedió a lo solicitado por la Fiscal Porras.

Por tanto, a estas alturas lo procedente es que se profundice la investigación bajo control jurisdiccional de los hechos denunciados, con las garantías procesales previstas en la Constitución, así como que se formulen las acusaciones correspondientes y que dentro del respectivo juicio penal se aporten y admitan las pruebas respectivas, y que después del respectivo debate oral, en sentencia firme se declare o no la culpabilidad de los acusados y, en su caso, se les impongan las sanciones penales que corresponda.

Asimismo, deben promoverse los procedimientos de antejuicio en contra de los diputados y funcionarios judiciales imputados, a fin de que se les despoje de la inmunidad de la cual están investidos y que el respectivo tribunal de antejuicio declare que ha lugar a formación de causa penal en su contra. Nadie debe quedar impune.


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