Insensatez

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Por: Édgar Gutiérrez

El sistema de Cortes de justicia está fragmentado y enfrentado a causa de la extrema politización provocada por los agentes externos. No es extraño que así ocurra, considerando que son hijas de coyunturas contrastantes. Las Cortes del OJ nacieron en octubre 2014 del accidentado pacto del PP y Lider. La CC, en cambio, se integró en marzo de 2016, cuando esos partidos eran cadáveres ambulantes, y la batida anticorrupción del MP/CICIG estaba en apogeo, arropada por el consenso social expresado en las plazas de todo el país.

Ese consenso social empezó a fracturarse en julio de 2016 tras la presentación del caso Cooptación de Estado, que exhibió la corrupción como maridaje: arreglos entre funcionarios y empresarios para adjudicar contratos millonarios con los dados cargados, pago de deuda pública a cambio de jugosos obsequios y cobro de facturas por financiamiento electoral.

Durante el periodo 2015-2018 las Cortes del OJ se agazaparon, y más: le dieron la espalda a sus padrinos, que fueron a poblar Mariscal Zavala. Pero a medida que el gobierno y una facción empresarial radical ofrendaban a Trump la soberanía nacional, sin pruritos, el apoyo de Washington al MP/CICIG se debilitó. A partir de 2019 los vientos cambiaron de dirección y las Cortes del OJ reconocieron su ADN, ayudando a consolidar el Pacto de Corruptos que en 2020 sacó su segunda edición.

Con el Pacto de Corruptos a la ofensiva, la CC no se inmutó. Si se hubiese acomodado al cambio de la nueva relación de fuerzas, como lo hicieron los magistrados de las Cortes del OJ, hoy, no habría controversia política, ni crisis agregada a la que ya impactó la pandemia con el cierre de juzgados y tribunales, y el notorio atraso de los procesos judiciales. 

Desde enero de 2019 los magistrados de la CC han sido blanco de cuatro antejuicios promovidos por distintos agentes del Pacto de Corruptos. En enero, agosto y noviembre pasados, la Corte Suprema los rechazó ‘in limine’ y siempre prevaleció la interpretación del Artículo 167 de la Ley de Amparo (“Los magistrados de la CC no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.”), que se aplicó, antes de 2015, a otros magistrados de la CC.

Esta vez la estrategia de ataque cambió; es mucho más agresiva y parece encaminarse a un desbarajuste de la arquitectura republicana. A diferencia de su predecesor, el presidente Giammattei ha guardado las formas. No así los magistrados de la CSJ, ni los de Salas de Apelaciones, ni aspirantes a magistrados; menos, la Junta Directiva del Congreso. Cedecon, CACIF y la Cámara de Industria también la emprendieron contra los magistrados de la CC, implícitamente, alentando la desobediencia del OJ y del Congreso de las resoluciones del tribunal constitucional. Si el plan de asalto de las Cortes no es contenido por las fuerzas moderadas en el Congreso, el sector privado y la sociedad civil, esta historia acabará mal, muy mal.

Suficiente tenemos con la pandemia: un millar de muertos, decenas de miles de infectados, el sistema hospitalario colapsado, la economía a medio motor, desempleo masivo, merma en los ingresos familiares, hambre, incertidumbre… El asalto a las Cortes y la anulación de la FECI, o sea, la crisis político-institucional, amplificará todos los problemas y abrirá de par en par las puertas de la ingobernabilidad.

De Washington solo se puede esperar una lluvia de sanciones individualizadas, pues el lobby anti-CICIG no podrá ser reeditado. Y si la Casa Blanca cambia de inquilinos en noviembre, se restaurará la política bipartita y los resultados del asalto de las Cortes no estarán garantizados.


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