Oea rechaza decisiones de Sala Constitucional de Venezuela

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Por: Editorial

El pasado 13 de junio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se arrogó la competencia de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual se denomina Tribunal Supremo Electoral en Guatemala, potestad que, conforme a la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional (AN); y, asimismo, el 17 de junio, la Sala Constitucional del TSJ suspendió a las directivas de los principales partidos políticos de oposición Primero Justicia y Acción Democrática y, en su lugar, designó a políticos afines al régimen chavista, abanderado del Socialismo del Siglo XXI, lo que, en la práctica, se traduce en una inequívoca “expropiación de la oposición política”.

Cabe recordar que la AN de Venezuela fue declarada en desacato por la Sala Constitucional del TSJ, por medio de la decisión 02 de fecha 11 de enero de 2017; y, asimismo, fue despojada de sus funciones constitucionales.

Consecuentemente, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en resolución  CP/RES. 1156 (2291/20) de fecha 26 de junio de 2020, aprobada con 21 votos a favor, siete abstenciones y seis ausencias, ante “las recientes decisiones ilegítimas” del referido TSJ, resolvió: 1. Condenar el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la AN y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana (CDI); 2. Rechazar, asimismo, en los más enérgicos términos, así como desconocer la ilegal designación de los miembros del CNE por parte del TSJ, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática; 3. Exigir al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que respete las prerrogativas de la AN, cese la usurpación de sus funciones, y se abstenga de interferir en el funcionamiento de los partidos políticos independientes. Este tipo de acciones constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho, que solo se pueden conseguir por medio de la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, con un CNE independiente y un TSJ imparcial, y con observación internacional independiente; 4. Urgir al régimen ilegítimo de Maduro a liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la AN, y cesar de inmediato toda detención, persecución y encarcelamiento arbitrario; 5. Hacer un llamado a todos los actores políticos en Venezuela para que inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática en Venezuela, de conformidad con las leyes nacionales y su Constitución, así como lo establecido en la CDI y la Carta de la OEA.

En todo caso, la CDI dispone que “son elementos esenciales de la democracia representativa (…) el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU) establece que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.


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