¿Supresión del antejuicio?

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Por: MARIO FUENTES DESTARAC

El derecho de antejuicio es la inmunidad de la que gozan determinados funcionarios y dignatarios, tales como el Presidente y Vicepresidente, los diputados, los magistrados de las Cortes de Constitucionalidad (CC), Suprema de Justicia (CSJ) y Apelaciones y del Tribunal Supremo Electoral, los jueces, los ministros, los secretarios de la Presidencia, los alcaldes, el Fiscal General, los Procuradores General y de los DD.HH., el Contralor de Cuentas, para que no puedan ser juzgados por delitos imputables a ellos, sin que previamente se hubiere declarado por un órgano específico que ha lugar a formación de causa penal en su contra.

Mediante la reforma constitucional ratificada en 1994 se asignó a la CSJ el conocimiento del antejuicio contra los diputados, a fin de que estos no conocieran de sus propios antejuicios; y, asimismo, se estableció que el Congreso debía conocer del antejuicio contra los magistrados de la CC. No obstante, bajo el régimen de Alfonso Portillo (2000-4), se emitió la actual Ley en Materia de Antejuicio, que garantizaba que los funcionarios a quienes se les hubiere levantado la inmunidad y fueren ligados a proceso penal no quedaran automáticamente suspensos en sus cargos, extremo que se suprimió en la Ley de la Carrera Judicial (2016).

Posteriormente, el Congreso, por medio de leyes ordinarias, otorgó el derecho de antejuicio a innumerables funcionarios que no estaban previstos en la Constitución. En 2004, la CC resolvió que solo la Constitución podía conferir el derecho de antejuicio, después de que el XVII Congreso Jurídico Guatemalteco aprobó una ponencia en ese sentido.

Por otro lado, la CC determinó que, previamente a iniciarse el respectivo procedimiento de antejuicio, la CSJ debe calificar si la querella o denuncia en contra de un funcionario obedece a razones espurias, ilegítimas o políticas; y, en su caso, debe rechazarse de plano la respectiva querella o denuncia. Esto ha supuesto una suerte de “antejuicio del antejuicio” con diversos matices. Después, la CC confirió el carácter de cosa juzgada a la resolución que declara que no ha lugar a formación de causa penal, para que los funcionarios a quienes no se hubiere levantado la inmunidad no pudiesen ser enjuiciados después de que cesaren en sus cargos. Entiendo que este criterio inverosímil ya cambió.

A pesar de que varios diputados han podido ser juzgados, otros se han sustraído de la persecución penal a través de este “antejuicio del antejuicio”, así como a través de la manipulación e influencia en la elección de los magistrados de la CSJ, dando pie a una clara “politización de la justicia”.

La CC, en 1995, acogió un cuestionable “autoamparo” planteado por el magistrado de la CC, Mynor Pinto Acevedo, a raíz de la admisión de una querella en su contra, por haber suscrito un acuerdo que habilitó que el ejercicio de la presidencia de la CC durante el último año del periodo de la magistratura (1991-6), debía corresponder a tres magistrados y no a uno como lo dicta la Constitución, lo que obstaculizó el trámite del antejuicio. Sin duda, esta decisión fue una inequívoca autoprotección para sustraerse del enjuiciamiento, que se reiteró en 2004, a raíz de las denuncias que se presentaron con motivo de la sentencia de la CC que ordenó la inscripción de la candidatura presidencial del General Efraín Ríos Montt en 2003, fallo que, por cierto, fue expulsado de la jurisprudencia constitucional. Este criterio del “autoamparo” también ha sido adoptado por la actual magistratura de la CC en 2017, 2018 y 2020.

A la fecha, he sostenido que debe existir el derecho de antejuicio para fines de protección del cargo o de la función. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por impedir la tergiversación de este principio, debo reconocer que el antejuicio se ha convertido en un escudo de impunidad; y, por ende, debe plantearse la posibilidad de suprimirlo, como ya ocurrió en México y Honduras.


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