¿A quién le entregamos las llaves de la justicia?

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Por: Édgar Gutiérrez

En abril de 2021, lo que ahora llamamos “pacto de corruptos” tendrá el control de la CC; habrá completado el dominio de los poderes del Estado. Su estrategia ahora consiste en arrastrar los pies en la integración de las Cortes del OJ, para lo cual genera cortinas de humo, como el intento de desafuero de los cuatro magistrados de la CC y la jueza Ericka Aifán, y, quién sabe, podrían lanzarse contra el PDH y la FECI, y hasta en contra del propio Vicepresidente de la República.

El propósito es dejar sin capacidad de reacción a la sociedad cuando el Congreso elija magistrados de la CSJ que no cumplieron los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez (Artículo 113 constitucional).

Dada la tendencia de que los próximos años el “pacto de corruptos” gobierne monopolizando el régimen político-jurídico, es importante explorar cómo se integra y qué intereses encierra. Se trata de una coalición eficaz que ahora tiene su centro de gravedad en la alianza de diputados que trabaja de la mano con el presidente Giammattei. Detrás ocurre la convergencia implícita de un grupo dominante del sector privado y el crimen organizado.

Esa convergencia procura un objetivo común, expresado en negativo: expulsar cualquier vestigio de antiguos aliados de la CICIG en el Estado, y, en el corto plazo, neutralizar a esos agentes. La narrativa es la que sirvió para atacar a la CICIG (y que tuvo eco en Washington): el comunismo se ha infiltrado en el sistema de justicia para desatar una persecución atroz de sus enemigos y destruir el libre mercado. La narrativa táctica dice que los magistrados de la CC son juez y parte, y no pueden estar por encima de la ley.

Los magistrados de las tres Cortes que serán electos en un plazo no mayor de diez meses, deberán traducir en positivo los intereses políticos y económicos de esta convergencia de fuerzas. De alcanzar sus objetivos, estaríamos ante el avance más espectacular de entronización del crimen organizado en un país de Latinoamérica. Los casos conocidos, desde Colombia y pasando por México, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Guatemala, hasta ahora, expresaban el control criminal de agentes clave o pequeñas estructuras en los gobiernos centrales, parlamentos, organismos de justicia, fiscalías etcétera.

Nunca alcanzaron el punto en el que está ahora Guatemala: camuflarse en una coalición dominante de poder político y económico legal, y hasta cierto punto, por ahora, legítima, cuya misión compartida es controlar todo el sistema de justicia. Y es que normalmente el crimen organizado encontraba el rechazo activo de las elites económicas tradicionales a escala nacional, o bien en ciudades icónicas como Medellín y Monterrey.

Para nada es descabellado trazar el escenario en el que esta coalición se estabiliza, trasciende de un simple “pacto de corruptos” y encamina la reconfiguración cooptada del Estado, esto es, reformar normas e instituciones, y más: ganar legitimidad en las narrativas oficiales y ensamblar plenamente sus utilidades ilícitas en entramados de negocios lícitos. Los más recientes ensayos de reconfiguración cooptada del Estado ocurrieron en la Italia de Berlusconi y en amplias regiones de Colombia. En buena medida esos experimentos fueron revertidos por el desgaste natural del poder político en democracia, el contrapeso de las elites y entornos internacionales adversos.

En Guatemala, los años en que las elites tradicionales se medían ante los “sospechosos” actores emergentes, y calificaban el crimen organizado y la corrupción pública como las grandes amenazas, parecen demasiado remotos.


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