La peor crisis

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Por: Jaime Arimany

En estos momentos el tema de conversación y de información, alrededor del cual gira un alto porcentaje de ellas, es la pandemia COVID-19, pero este problema lleva a tratar sobre una gran cantidad de asuntos y por ende a un sin número de actividades. En general se plantean dos efectos en la sociedad, uno es la enfermedad y su contagio y el otro es el efecto que sufre la economía.

El Estado de Guatemala según nuestra Constitución se basa en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales se apoyan en que los seres humanos son libres, tienen igualdad en dignidad y derechos, como el tener oportunidades y responsabilidades. Pero, para que el sistema opere bien, es indispensable que estén activas por parte del ejecutivo las áreas de la salud y policial; así como la judicial, garantizando que los juzgados funcionen continuamente, especialmente en el área penal.

Por ello es indispensable, que quienes ejercen el trabajo en el área de la salud, desde los que realizan la labor de recepción, limpieza, oficina, enfermería y médica; donde aquellos que no pueden faltar al trabajo, van a correr el riesgo de enfermarse, que los puede llevar a perder su capacidad de trabajar e inclusive a la muerte. Ello implica, que si se busca justicia, toda la población que es la dueña del Estado, debe responder proporcionalmente a la situación en que quede quien se enferme, siendo lo justo asegurar un apoyo económico a quienes se ven obligados a trabajar por la urgente necesidad de la sociedad. Hay muchas formas de garantizarlo, por ejemplo: un seguro especial o una indemnización para quienes se enfermen por cumplir con su obligación de alto riesgo. Es reconocido en los medios la falta de apoyo a quienes realizan ese trabajo, siendo vox populi, que hay médicos y enfermeros que se han ido del país a trabajar, especialmente a El Salvador.

En un caso parecido están los miembros de la policía, quienes normalmente están corriendo riesgos, siendo esa situación parte normal en su trabajo; pero, evidentemente ello no incluye el problema de la pandemia, cuya enfermedad puede inclusive llevarse en la vestimenta.

Existe el poder Judicial, que la mayoría de la población no toma en cuenta, de hecho, la mayor parte de las personas no han estado, ni estarán durante su vida en un juzgado. Pero, increíblemente, los tribunales, con sus jueces, secretarios y fiscales son los pilares que sostienen todo el sistema de relaciones humanas de la población. Por ello es sumamente importante que quienes integran los tribunales tengan altos ingresos y un sistema de seguridad personal para ellos y sus familias, porque si en los tribunales no se dan rápidamente sentencias basadas en la verdad, si no se tiene protección, al ser amenazados, pueden dar sentencias injustas, cometiendo el grave delito llamado prevaricato.

Por lo expuesto anteriormente, el personal de las tres entidades nombradas no pueden moralmente dejar de trabajar, siendo un compromiso de suma importancia del gobierno, que sean entregados los mejores equipos que se consigan para la protección personal y, ante la probabilidad de ser contagiados por la pandemia, sean compensados por su valentía y alto riesgo, con un seguro que les garantice a ellos y miembros de su familia, si se enferman, un tratamiento adecuado si son sintomáticos, que cubra los defectos físicos que puedan quedar como consecuencia de la enfermedad, especialmente si se tuvo la desgracia del fallecimiento de cualquier miembro de la familia.


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