Gobernados por la calamidad

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Por: Manfredo Marroquín

Desde que se estrenó, el gobierno ha recurrido a la aplicación de la ley de Orden Público para decretar estados de calamidad, prevención y la pandemia le sirvió en bandeja de plata la aplicación del Estado de Sitio.

De los decretos ley aprobados por esta legislatura este año el mayor número corresponde temáticamente hablando a dichos estados de excepción.

En otras palabras es un gobierno que solo se ve gobernando restringiendo las garantías individuales y constitucionales y saltándose el cumplimiento de normas de contratación para el gasto público.

El colmo es que esta semana que se anunció la apertura económica se hicieron llegar otras dos iniciativas al Congreso de prórroga al Estado de Calamidad a nivel nacional y decretar un nuevo Estado de Sitio en varios municipios del país.

De la era democrática será el gobierno civil que más días ha gobernado bajo algún Estado de Excepción. Eso expresa una contradicción y una seria alarma sobre el estado de nuestra democracia pues en la práctica tenemos a un gobierno cuya vocación es gobernar limitando garantías constitucionales y evadiendo leyes ordinarias como la de contratación.

La calamidad verdadera no está solo en el abuso de la figura legal contenida en una Ley de Orden Público desfasada que es anterior a la Constitución vigente, sino en la pobre gestión de gobierno que sigue afectando al personal médico, provocando la expansión de la pandemia, compras anómalas y opacas y una profundización de la crisis socioeconómica que se traduce en mayores niveles de pobreza y exclusión.

El Congreso en lugar de ser comparsa y corresponsable de seguir aprobando ampliaciones de los estados de excepción que limitan injustificadamente garantías constitucionales y no garantizan una mejor gestión, ya debería estar debatiendo cómo actualizar y mejorar la ley de Orden Público vigente.

Ahora que el gobierno decidió dejar en manos de la población su propia protección frente a la pandemia, no hay excusa válida para mantener un Estado de Excepción que en nada contribuyó a mitigar los efectos y la pandemia misma.

Solo en democracia podemos entrar a una fase de recuperación económica plena. Mermar derechos y garantías constitucionales solo ahuyenta a inversionistas que ven en Guatemala un país con tribunales cerrados y una justicia en proceso de cooptación.


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