OPINIÓN: Preocupan las señales de que el presidente Trump podría no respetar el resultado electoral

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Lejos de detener la propagación del coronavirus, lograr la recuperación económica y la tranquilidad, alteradas por las masivas protestas contra la represión policíaca en todo el país, Estados Unidos podría estar en el umbral de la más reñida, incierta y quizá violenta elección presidencial de su historia.

A eso podría sumarse una peligrosa crisis constitucional como lo advirtió Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja del Congreso, ante la posibilidad de que -como todo parece indicar- el presidente Donald Trump se niegue a reconocer una eventual derrota, bajo el argumento de “que se manipuló la votación”.

Una acción así desencadenaría una violenta respuesta de milicias, grupos supremacistas, nacionalistas blancos y neonazis, que luchan por revertir los cambios demográficos en este país, en el que consideran se ha perdido la absoluta hegemonía blanca.

El virtual candidato presidencial demócrata Joe Biden también está preocupado por esa posibilidad, pero confía en que otros funcionarios de gobierno escoltarán a Trump hasta afuera de la Casa Blanca.

Ante la posible derrota electoral que pronostican casi todas las encuestas, el presidente Trump públicamente ha dejado constancia de que “no es un buen perdedor”.

“No pierdo con frecuencia. No me gusta perder”, dijo Trump el 19 de julio a Chris Wallace, en entrevista para la cadena Fox News.

En cada oportunidad el presidente ataca al demócrata Joe Biden insistiendo en que “ningún presidente ha hecho lo que él consiguió en 3 años y medio”.

En el cerrado círculo de aduladores, integrantes del gabinete, equipo y manifestaciones con simpatizantes, Trump dice que las encuestas que lo colocan en desventaja hasta de 10 puntos ante Biden, en estados indecisos o volátiles no son verdaderas.

“La única ventaja que tiene Biden” dice, “es el creciente entusiasmo de personas a las que Trump no les gusta”.

El presidente analiza con su equipo de campaña la posibilidad de acusar formalmente al ex presidente Barack Obama y sus responsables de Inteligencia, por espionaje a su campaña en 2016.

Esto, por supuesto es totalmente falso, ya que fueron los más cercanos colaboradores de Trump quienes fueron investigados cuando se les detectó en frecuentes llamadas telefónicas que hicieron a espías rusos.

“Toda la gente sabe que estoy haciendo un gran trabajo”, ha dicho el presidente Trump, “pero hay algo en mi personalidad que no les gusta, porque nadie ha hecho lo que yo he hecho”, ha insistido.

A pesar de la ventaja de 17 puntos de Joe Biden en el manejo de la crisis del coronavirus y 21 puntos en el manejo de relaciones raciales, Trump dice: “¿Saben por qué no perderé… porque al final, el país no tiene a nadie más; Joe es un incompetente que no puede pronunciar dos frases coherentemente”, manifestó pretendiendo ignorar la experiencia de quien fuera vicepresidente durante la administración de Barack Obama.

Aunque no lo manifiestan abiertamente, el presidente y los republicanos parecen confiar en que la aparición de las milicias y otros grupos paramilitares armados, en las manifestaciones de Black Lives Matter intimiden a votantes de grupos minoritarios.

La presencia de grupos e ideas extremistas es cada vez mas abierta.

La presencia de grupos de ideas extremistas es cada vez más abierta.

“American Wolf”, “Washington Three Percenters”, “Proud Boys”, nacionalistas blancos, “supremacistas”, separatistas blancos o neonazis, son algunos de los movimientos armados de extrema derecha, calificados como “grupos peligrosos” por el Southern Poverty Law Center, que operan en Idaho, Nuevo México, California, Washington, Michigan y otros estados.

Esos grupos registran un crecimiento del 55% en comparación a 2017, gracias al uso de tecnología como la aplicación Zoom, para videoconferencias, que mediante lo que se denomina “Zoombombing” o Zoom raiding pueden descarrilar conferencias, revela una investigación del diario New York Times.

Esos grupos apoyan además a candidatos radicales de extrema derecha que tratan de llegar a las dos Cámaras del Congreso y a legislaturas estatales, para avanzar en su agenda de racismo, xenofobia y odio racial.

Esto también ha permitido a los grupos de odio incrementar la difusión de su discurso radical y reclutamiento de más militantes, según se desprende de investigaciones en curso del FBI.

Protegidos con chalecos antibalas, uniformes militares, rifles de asalto y armas de alto poder, pistolas eléctricas, martillos, sierras, cuchillos, explosivos y hasta resorteras, los integrantes de esas organizaciones, se dicen pacificadores que “vigilan” para evitar saqueos, pero en realidad se les ha visto intimidando a los asistentes de las manifestaciones contra la brutalidad policiaca.

Adicionalmente, en una medida que ha sido calificada como ilegal por legisladores demócratas, el Departamento de Justicia ha desplazado fuerzas antimotines federales a Oregón, y posiblemente a Illinois y otros estados, bajo el argumento de “combatir el crimen” y “proteger instalaciones federales”.

De acuerdo con la Constitución, eso procede solo si el gobierno estatal lo solicita, lo que en estos casos no ha sucedido, porque consideran, que esa fuerza solo incentiva más a los manifestantes y aumenta la violencia.

Ante la incertidumbre causada por Covid19 y las medidas del presidente, legisladores demócratas tratan sin éxito, de proteger el sistema electoral de la injerencia rusa, determinante en 2016 para la victoria de Trump y buscan implementar la votación por correo o “votos en ausencia”, que ahora solo se autoriza a personas que no pueden acudir a las urnas el día de la elección, por viaje, enfermedad o incapacidad.

Pero ese esfuerzo, dirigido para evitar la propagación del coronavirus en las casillas electorales, enfrenta la rotunda oposición del presidente Trump y los republicanos, argumentando sin base, que “eso propiciaría un enorme fraude electoral”.

El presidente Trump “denunció” que en 2016 “perdió el voto popular, porque de 3 a 5 millones de indocumentados votaron en su contra”, lo que nunca ocurrió, como confirmaron las autoridades.

Los republicanos han recurrido a múltiples estrategias para sabotear el voto demócrata, como la redistribución de distritos electorales a su favor, imponiendo la exigencia de identificación antes nunca solicitada y desalentar el voto afroamericano y latino, que tradicionalmente beneficia a los demócratas.

Además, ilegalmente han utilizado el Paquete de Estímulo Económico que autorizó el Congreso, haciendo pensar a la gente que es el presidente quien envía la ayuda.

De acuerdo a Michael Cohen, ex abogado personal de Trump, “si el presidente perdiera la elección en 2020 no estaría dispuesto a una transición pacífica del poder”, por lo que expertos legales y organizaciones especializadas estudian ya las posibilidades de que Donald Trump, inconforme con una derrota por cerrado margen, trate de adoptar medidas legales para permanecer en el cargo.

O la eventualidad de que el procurador William Barr quiera usar su poder luego que Trump haya perdido la elección, lo que lo haría acreedor a un proceso criminal.

En caso de alegatos de fraude, Trump tendría desde el día de las elecciones en noviembre hasta el 20 de enero de 2021 para “investigar cualquier irregularidad”.

“Cualquier integrante del gabinete incurriría en crímenes si intentara tratar de ejercer su autoridad después del ejercicio de su mandato. Especialmente en el caso de autoridades militares, la Constitución exige obediencia al único presidente legítimo.

Bajo esa previsión constitucional, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas Armadas que no previniera y suprimiera la rebelión y sedición de un presidente ya sin autoridad, sería severamente castigado por tribunales militares. Otras leyes castigan enérgicamente a responsables de la Agencia Nacional de Seguridad o el Buró Federal de Investigaciones, en caso de involucrarse en vigilancia electrónica sin autorización legal.

Bajo estas consideraciones, la Cámara Baja del Congreso podría llamar a testificar en audiencias, previas a las elecciones, al secretario de Defensa Mark Esper, a John Ratcliffe, director Nacional de Inteligencia, al procurador de Justicia William Barr, a Christopher Ray, director del FBI, a Gina Haspel, directora de la CIA, a Chad Wolf, secretario en funciones del Departamento de Seguridad Interna, para conocer y advertirles sobre el contenido de esas leyes, su comprensión y significado, para que las obedezcan al pie de la letra y se adhieran a la Constitución, no al presidente Trump, en caso de que por cualquier circunstancia se niegue a reconocer el resultado de la elección presidencial del 3 de noviembre próximo.

* Gregorio A. Meraz es un periodista mexicano que ha cubierto Washington D.C. desde hace 25 años.

Via : LA Times


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