El derecho y valor a la vida

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Por: Carlos A. Rodas Minondo

La Constitución Política de la República de Guatemala, la Palabra Suprema que nos rige y dirige a ciudadanos y autoridades dedica sus tres primerísimos artículos a definir: 1.) Que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y que su fin supremo es la realización del bien común; 2.) Que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, en primer lugar, la vida; y 3.) El tercer artículo, “Derecho a la Vida”, no necesita más. ¿Qué decir? Las instituciones de gobierno están obligadas a poner en primerísimo lugar la Vida y el bien común.

Los funcionarios públicos están para cumplir sin excepción la Constitución. Pueden hacer solo lo que la ley les permite o incurren en responsabilidades civiles, administrativas y/o penales. Su discrecionalidad es limitada. Si se exceden en sus acciones o si incumplen sus funciones incurren en responsabilidad. Los funcionarios saben qué es o no cumplir.

Me he referido en este espacio al artículo 29 de la Ley de Tránsito que establece que “…todo vehículo autorizado para circular por la vía pública, deberá contar, como mínimo, con un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes”. Fue reformado por adición en el año 2016 – sí, recientemente – agregando que “…Esta obligación se extiende al transporte colectivo de pasajeros y de carga…”.

Todos los países de América y del mundo obligan a los vehículos a tener seguro. Siendo los accidentes de tránsito la segunda causa de muertes en el país, según corroboran los datos del Observatorio Nacional de Tránsito, el seguro obligatorio es una ayuda automática que reciben las víctimas, en especial en países como el nuestro, en los que ocurren el 95% de los accidentes de tránsito a nivel mundial según la ONU. La Vida le importa a nuestra Constitución Política y a todos los países del mundo; es lo más sagrado.

Hace 19 años se publicó el Acuerdo Gubernativo 265-2001 y su reforma, lo cual hizo un cumplimiento apenas parcial del seguro obligatorio contenido en la ley. Dicho Acuerdo es el “Reglamento para la Contratación del Seguro Obligatorio en el Transporte Extraurbano de Personas” y su supervisión y fiscalización está a cargo, en este momento, del Viceministro de Transporte del MICIVI, Mariano Díaz, y de Axel Xuya Velásquez, Director de la DGT, ente rector del transporte extraurbano en la República. Es decir, si alguno de los buses extraurbanos en todo el país sufren un accidente y hay muertos y heridos y no tienen seguro para responder a las víctimas es responsabilidad de ellos.

Para estos dos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones son conocidas las situaciones que se dan y que conducen al incumplimiento de ese Reglamento. La Asociación de Instituciones de Seguros de Guatemala informó hace más de un año un estimado en el número de unidades del transporte extraurbano de personas que circulan sin seguro, de ahí puedo afirmar que al menos la mitad no tiene para pagar a sus pasajeros si, por un accidente que es estadísticamente altamente probable, hay muertos o personas mutiladas al chocar, sea quien sea.

Se concluye que hay responsabilidad legal si no aplican las leyes y reglamento con autoridad y el sentido común de hacer las cosas básicas que harán que si no todos, la gran mayoría de esos transportistas cumpla. Mientras no hagan eso, cada muerto y cada discapacitado sin piernas lo llevarán ellos, y son en promedio entre 5 y 7 personas fallecidas al día por accidentes de tránsito, y muchos más los heridos. Un día podrán llegar algunas familias para que les cuenten su experiencia.

En tiempos de pandemia, sólo quizás, podrían pensar esas autoridades que exigir a los transportistas cumplir con el seguro obligatorio sería “ingrato”, no bueno “para la economía”. Si aprecian su propia vida y la de algún ser querido, y si leen los tres primeros artículos de la Constitución, sabrán que no pueden tomar esa decisión sin hacerse cómplices legales y de la miseria de unos malos transportistas que juegan ruleta con la tragedia humana.

Si consultan al Señor Presidente Alejandro Giammattei seguramente les contestará: “Un país entero haciendo tanto sacrificio y gastando miles de millones para defender la Vida y Ustedes sacrificando a los más pobres que usan esas camionetas para ahorrar veinte quetzales…”


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