Lo que está en juego

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Ha tenido lugar un vuelco radical en las prioridades de la gran narcocleptocracia que tiene capturado al Estado de Guatemala, pasando por el Gobierno Central, la mayoría del Congreso –donde juega un papel clave Sandra Torres y sus 18 disciplinados diputados- y la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con sus cuatro contadas y notables excepciones.

Todos estos miembros prominentes del Pacto de Corruptos, van en serio detrás de la cabeza del vicepresidente Guillermo Castillo, porque es una piedra en su zapato. Y, más importante aún, porque en los escenarios que los intelectuales de la mafia visualizan, incluyen probabilidades de que el vicepresidente Castillo pudiese asumir la Presidencia de la República, en la eventualidad –Dios no lo quiera- de que la salud del presidente Giammattei experimentara un marcado deterioro.

Este escenario, combinado con el previsible resultado de las elecciones en Estados Unidos, dentro de 90 días, les estropea sus planes de preservar en Guatemala su república criminal-mafiosa. Con los demócratas, desde el Capitolio resoplándoles en la nuca y un Departamento de Estado renovado y activo, más un Guillermo Castillo, independiente y sin compromisos con el Pacto de Corruptos, en la Presidencia de la República, las alarmas de amenaza a su impunidad se han encendido.

Por esa razón, las mafias pretenden dar un golpe de Estado quirúrgico. Defenestrando al vicepresidente Castillo, el Pacto de Corruptos elegiría en el Congreso a “su” Vicepresidente –cuya terna se la impondrán sutilmente al presidente Giammattei-, y de esa manera se aseguran la captura de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República hasta el 14 de enero de 2024.

Por fortuna, no son tan eficaces, pues la CSJ, a la que tienen comiendo de sus manos, no pudo enviar a tiempo, como esperaban, el antejuicio espurio contra el Vicepresidente, para que la Comisión Permanente del Congreso nombrara a dedo a la comisión “inquisidora”, lo cual podían hacer hasta la medianoche del viernes 31. Ahora el Pacto de Corruptos tendrá que acudir al pleno, para sortear la integración de la comisión “inquisidora” en contra del vicepresidente Castillo.

Por cierto, la solicitud del retiro del derecho de antejuicio al vicepresidente Castillo fue presentada por el abogado Estévez González, candidato perdedor a ocupar curul en el Congreso, postulado por el partido del pillo de Portillo, extraditado y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. El abogado Estévez González forma parte del bufete que defendió al mentado Pollo Ronco, que, en su momento, tuvo como abogado principal a Telésforo Guerra Cahn.

En otra jugada de las mafias, en la que pusieron de manifiesto su voracidad insaciable, en un movimiento extraño e irregular, la señora Leyla Lemus, experimentada secretaria general de Giammattei, solicitó la intervención de su viejo y entrañable condiscípulo, el siniestro procurador general de la Nación, Jorge Donado, a quien ella mantuvo en el cargo tras el cambio de gobierno, y desde siempre servidor incondicional del lado oscuro de la fuerza.

El plan es un tanto burdo, y comenzó a ser orquestado desde la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, cuyos integrantes (6 de 8) son del ala incondicional de Sandra Torres, cuyos principales financistas fueron afectados porque las compras de medicinas pasaron a manos de UNOPS, que le ha ahorrado al IGSS más de Q2 millardos. Esta Comisión llamó a la Contraloría, pidiéndole supuestos hallazgos de la Junta Directiva del IGSS. Después envió una recomendación al presidente Giammattei para remover al presidente de la Junta Directiva del IGSS. Y más tarde, la señora Lemus le pidió a Donado, que le dijera a la Junta Directiva del Seguro Social, que desconociera a su presidente, basándose en estos “hallazgos”, como si las decisiones en esta institución no fuesen colegiadas.

El abogado de dicha Comisión del Congreso, Carlos Rodrigo Cóbar Cuellar, quien presentó la denuncia en contra del Presidente del IGSS ante el MP, en nombre de los miembros de la Comisión, fue capturado en flagrancia, pocos días después, en un operativo de la Fiscalía Contra la Corrupción en coordinación con la PNC, por extorsión de Q25 mil a una persona, a cambio de impedir que la Contraloría presentara una denuncia penal en su contra. El abogado Cóbar Cuellar, quien también tiene plaza en el Ejecutivo (en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, Udevipo, dependencia del CIV) fue capturado junto a Jorge Javier Barahona Paz, trabajador de la propia Contraloría de Cuentas.

Igual que con el caso del Vicepresidente, es un contrasentido, pero así operan estas estructuras clandestinas paraestatales de las mafias. La Contraloría no ha presentado denuncia penal alguna contra el presidente del IGSS ante el MP, tampoco se conocen querellas administrativas. Por otro lado, los supuestos hallazgos de la Contraloría, como anoté, involucran a la Junta Directiva del IGSS como órgano colegiado, pero les han ofrecido inmunidad si destituyen a su presidente, en cuyo caso podrían quedar de fachada institucional frente a una flagrante intervención de facto del Seguro Social.

¿Por qué tanto escándalo, si el presidente del IGSS termina su periodo en menos de un año? Por lo mismo: el riesgo de que Guillermo Castillo, a quien no controlan, potencialmente pueda llegar a gobernar y de que los demócratas en Estados Unidos, saquen el cincho y les pongan la perseguidora. Repito: cuando la Junta Directiva del IGSS decidió que UNOPS se hiciese cargo de las compras de medicamentos, las mafias recibieron un doloroso golpe de más de Q2 millardos, que es lo que estos depredadores dejaron de recibir a costillas de la salud y el bolsillo de decenas de miles de afiliados, al verse obligados a moderar los precios de las medicinas, que sin embargo, aún son de los más altos del orbe.

Por supuesto, no van a quitar el dedo sobre los cuatro magistrados independientes de la Corte de Constitucionalidad, quienes son los que impiden hasta ahora que las mafias cristalicen su objetivo de cerrar el círculo y capturar el Estado guatemalteco por completo. De acuerdo a fuentes internas del Congreso, la cotización de cada voto por diputado, al día de hoy, para desaforar a los magistrados se cotiza así: Q100 mil de adelanto, y Q100 mil luego de que hayan votado a favor del desaforo.

Las mafias criminales no entienden de disidencias, institucionalidad, ni de derechos humanos y menos de guardar las formas, por eso continuarán asediando al PDH, mientras que, a cierta señora influyente, la operadora central de esta trama trágica, le quedó como caja chica, alrededor de Q300 millones, de la institucionalidad de la paz, desmantelada sin mayores miramientos la semana pasada.

La mafiosa CSJ quedó mal con el Pacto de Corruptos al entregar tarde el antejuicio contra el vice Castillo, pero el mismo viernes 31, quiso resarcirse con una de payasada, dirigida a la Comisión Permanente del Congreso: en un comunicado, que no fue consultado a los cuatro notables disidentes de la CSJ: dijo que también desobedecía a la CC.

Por cierto, en todos estos esfuerzos, excepto con el PDH, con quien el tema es ideológico, nada es personal: son estrictamente negocios y a los autores intelectuales de estas tramas siniestras no les luce la hipocresía ni la carita de yo no fui.


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