Choque de Cortes

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Por: MARIO FUENTES DESTARAC

En 1986-7, ocurrió el primer enfrentamiento entre la CSJ y la CC, a raíz de una sentencia de apelación de amparo emanada de esta última

Cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ), máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, se resiste a acatar resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, bajo el argumento de que son ilegales, se produce una suerte de “Choque de Cortes”.

La jurisdicción constitucional asegura que los poderes públicos se mantengan dentro de los parámetros constitucionales y neutraliza las desviaciones en su funcionamiento, haciendo volver las cosas al nivel de constitucionalidad requerido, así como, a través del amparo, preserva o restablece la existencia y validez de los derechos de las personas; en tanto que la jurisdicción ordinaria tiene a su cargo la administración de justicia, así como el control de legalidad, cuya finalidad es la subsanación de errores de procedimiento y de juzgamiento, a través de un sistema de doble instancia y casación.

Nuestra Constitución establece que la función esencial de la CC es la “defensa del orden constitucional”, que “no hay ámbito que no sea susceptible de amparo” y que la CC conoce en única instancia o en apelación los amparos. Estos mandatos han dado pie, desde 1986, a colisiones entre la CC y la CSJ.

En todo caso, la jurisdicción constitucional se ha ido imponiendo sobre la jurisdicción ordinaria, al inicio a través de subsanar violaciones de las garantías de defensa y al debido proceso; y, en los últimos tiempos, por medio de ordenar que se resuelva el fondo del asunto, con base en determinadas interpretaciones legales y valoraciones probatorias. Por otro lado, la CC ha adoptado criterios de mutación constitucional, inhabilitación de la acción política y regencia del bien común, lo que ha causado inconformidad y ausencia de certeza jurídica en las esferas pública y privada.

En 1986-7, ocurrió el primer enfrentamiento entre la CSJ y la CC, a raíz de una sentencia de apelación de amparo emanada de esta última. La resistencia a acatar este fallo redundó en que se excusaron de conocer del asunto los magistrados del Organismo Judicial (OJ). En corridos tribunalicios, el incidente se conoció como la “Guerra de los Mundos”, ya que quienes presidían las Cortes se llamaban Edmundo.

La colisión entre la CSJ y la CC se potenció cuando la CC, por vía jurisprudencial desde 2003, asignó a la CSJ una improcedente precalificación de las denuncias y querellas penales presentadas contra funcionarios que gozan de inmunidad, antes de remitirlas a los órganos que deben declarar si ha lugar o no a formación de causa penal en su contra; y, asimismo, habilitó el amparo ante la CC contra la precalificación que realice la CSJ en esa materia, incluyendo, por supuesto, los amparos a favor de los magistrados de la CC, obviamente para abortar el antejuicio contra estos, cuyo conocimiento fue asignado al Congreso en la reforma constitucional de 1993.

Otro enfrentamiento entre la CC y la CSJ ocurrió, en 2003, después de que la CC ordenó la inscripción como presidenciable del ex gobernante Efraín Ríos Montt. Esta vez, la CSJ decretó un amparo provisional que dejó en suspenso la decisión de la CC, lo que fue el detonante de una movilización violenta de los partidarios de Ríos Montt, llamada por la prensa “jueves negro”, que, inverosímilmente, no fue reprimida por la fuerza pública. Acto seguido, la CC revocó el amparo provisional, bajo el inaudito argumento de que en contra de sus decisiones no cabía el amparo, en medio de una calma chicha.

En estos días, estamos presenciando otro “Choque de Cortes”, a raíz del intento de la CC por invalidar la decisión de la CSJ de trasladar al Congreso una denuncia penal contra 4 magistrados de la CC, para el trámite del antejuicio, todo esto en medio del impasse en que cayó la elección de magistrados del OJ, después de que la CC suspendió el proceso de selección de nuevos togados en 2019. Sin duda, esta nueva colisión, agudizada por el endurecimiento de actitudes de los actores, se ha tornado extremadamente grave y de impredecibles consecuencias para el Estado de Derecho. Por tanto, urge que se autoconvoquen las reservas morales y lúcidas de la nación, en función de evitar daños mayores al sistema de justicia.


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