Inmunidad: ¿camino a la impunidad?

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Por: Lizardo A. Sosa L.

El Derecho de Antejuicio persigue favorecer el desempeño de las funciones de dignatarios y funcionarios públicos. Es una garantía constitucional y un derecho inherente al cargo; y es inalienable, imprescriptible e irrenunciable hasta la finalización del ejercicio de las funciones de cada cargo. Y es razonable, pues los funcionarios públicos suelen estar sometidos a presiones, que no pocas veces consisten en denuncias por presunta comisión de delitos, a veces infundadas, o caprichosas; algunas con indicios racionales de haber faltado a la ley.

Las consideraciones anteriores no significan que una opinión favorable a la forma como se procede con el derecho de antejuicio “a la guatemalteca” porque aquí la inmunidad conduce a la impunidad, al interpretarse por parte de jueces y del mismo Ministerio Público, que su responsabilidad constitucional relativa al esclarecimiento de la verdad, queda suspendida, dependiente de la decisión del juez competente que conoce del asunto, pese a lo que establece el Artículo 293 del Código Procesal Penal, relativo a que ‘“Contra el titular de privilegio -inmunidad- no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y sólo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición”’.  Si se agrega el texto del Artículo cuarto de la Ley en materia de Antejuicio Decreto 85-2002, relativo a que ‘“La denuncia o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegitimas’, se explica el impasse que generalmente sufren innumerables casos puesto que, la inacción del MP en la búsqueda de la verdad queda indebida e ilegalmente suspendida, de tal forma que no hay posibilidad de verificar si la denuncia corresponde efectivamente a la comisión de delito, o si fue presentada por razones espurias, políticas o ilegítimas, siendo que es precisamente la Fiscalía, y nadie más, la que constitucionalmente está a cargo de establecerlo a fin de considerar la procedencia o no, de aportar información valiosísima a la instancia que, de acuerdo a la Constitución y la Ley, corresponda resolver positiva o negativamente acerca del levantamiento de la inmunidad al funcionario o dignatario implicado. Esto es lo que a mi criterio debería ocurrir con base en el ordenamiento legal vigente relativo al derecho de antejuicio.

Si así fuere, el principal interesado en el esclarecimiento de la verdad sería el funcionario público denunciado, ansioso de que su inocencia y rectitud sea confirmada por los actos ‘“de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición”’ de manera que, si la denuncia es falsa o espuria, el asunto quede aclarado. Pero resulta ser que, en nuestro medio, los menos interesados en el esclarecimiento de la verdad son, ¡oh sorpresa!, los denunciados, por razones obvias, por lo que la conversión de inmunidad, en una clara y lacerante impunidad, no es más que producto de una equivocada interpretación de la Ley que debe ser enmendada. Ojalá.


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