Nadie debe quedar impune

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Por: Editorial

Para que una ley cumpla con su objeto debe ser acatada y respetada, y en caso que esto no ocurra, quien incumpla sus mandatos debe tener la plena certeza de que le será impuesto el castigo o la sanción correspondiente, y que, inequívocamente, así será.

Luego, quien viola la Constitución y la ley debe saber que, irremediablemente, la consecuencia será el castigo o sanción prevista por la misma ley, sin excepción alguna. O sea que ninguno, incluso el funcionario más encumbrado o el más poderoso ciudadano, debe sustraerse de su imperio, y que la administración de justicia puede demorarse, pero, al final, el violador de la Constitución y la ley, así como quien actúa con abuso de autoridad, dicta resoluciones ilegales o usurpa funciones legales será inequívocamente sancionado.

Lamentablemente, la inmunidad (derecho de antejuicio) conferida por la Constitución a algunos funcionarios, para proteger al cargo y no a la persona del servidor, se ha convertido en un inaceptable escudo de impunidad, que impide que los autores, cómplices o encubridores de delitos en el desempeño de un cargo público protegido, sean juzgados penalmente, alegando la tan cacaraqueada persecución política, imputaciones espurias o la absoluta irresponsabilidad legal, como ocurre con el rey de España. Por cierto, cabe recordar que la exfiscal Thelma Aldana afirmaba: “El que nada debe nada teme”.

En todo caso, la Constitución establece: “La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena”.

En Guatemala, si bien contamos con buenas leyes, el incumplimiento e inobservancia de estas es generalizado, comenzando por los propios gobernantes y autoridades encargadas de hacerlas valer o aplicarlas. No rige el principio de que “el que la hace la paga” ni la premisa básica de la contratación que exige que se honre la palabra empeñada. Luego, la espiral de conflictividad es terrible, ya que la resolución pacífica de disputas deviene ineficaz.

La impunidad, que es la falta de castigo para quienes no ajustan su conducta a la Constitución y la ley, es, indudablemente, el peor azote, así como el principal factor de erosión institucional y de pérdida de credibilidad en la autoridad.

Nuestro sistema premia al sinvergüenza, al pícaro, al abusivo, al funcionario infiel y al delincuente en general, y le garantiza que se saldrá con la suya, y que, por ende, puede burlarse de la ley, de la justicia y del ciudadano que se somete a las reglas. El círculo vicioso de la impunidad lleva a aceptar que “el crimen paga”, que prevalece el derecho del más fuerte, del que hace lo que se la da la gana y del más violento, así como que los seres humanos vivimos en una selva, donde rige “la justicia por propia mano” y el mandato caótico del “sálvese quien pueda”.


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