Tres claves para la reactivación

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Por: Mario A. García Lara

La semana anterior, fui invitado por la Escuela de Negocios de Alto Nivel de la Universidad Panamericana a participar, junto con un panel de distinguidos colegas, en un conversatorio donde se nos pidió que, luego de identificar los tres problemas principales que impiden el crecimiento económico del país, sugiriésemos tres soluciones específicas para reactivar la actividad económica, empresarial y social en Guatemala. Resumo mi participación en ese foro.

Respecto de los problemas, destaco, en primer término, la falta de conciencia sobre la realidad nacional por parte de las instituciones y líderes del país; esa falta de conciencia impide priorizar las políticas públicas y esto, a su vez, conduce a un desorden gigantesco en la administración pública y a un desperdicio perenne de los escasos recursos fiscales. El segundo problema es la baja productividad sistémica de la economía nacional (que es la contracara de los elevados niveles de pobreza prevalecientes), el cual se retroalimenta con el tercer problema fundamental, cual es la aguda debilidad institucional que no solo impide al Estado proveer los servicios públicos esenciales, sino que también provoca (como lo evidencia la crisis actual del sistema judicial) una falta de certeza jurídica que obstaculiza la inversión y, por tanto, el desarrollo.

En ese contexto, sugiero tres áreas clave para que las políticas públicas –política y financieramente viables– coadyuven con la reactivación económica. La primera es blindar (de manera urgente, técnica y sólida) los enormes recursos presupuestarios con que cuenta el gobierno tras el extraordinario endeudamiento que le autorizó el Congreso. Esos Q20 millardos no solo se han ejecutado con extrema lentitud (lo que implica que quedarán recursos en caja sin utilizar), sino que es posible que vuelvan a duplicarse el año próximo (en el probable caso de que el Congreso no apruebe el proyecto de presupuesto para 2021). Estos recursos extraordinarios, aunque son una amenaza para la estabilidad fiscal –y más bien por eso mismo–, deben blindarse para evitar que se desperdicien en gasto corriente o en programas demostradamente fracasados y opacos. Para el efecto, deben crearse vehículos financieros de propósito especial enfocados a gastos prioritarios, como podrían ser un fondo específico para combatir la desnutrición, fondos de garantía para crédito empresarial, un fondo para infraestructura y fondos para fortalecer los sistemas de salud y seguridad social.

Una segunda área clave para la reactivación debe ser la facilitación de negocios, que implica reducir e informatizar trámites administrativos, invertir en capacitación hacia nuevas tecnologías (que definirán el mercado de trabajo del futuro), flexibilizar el mercado laboral (que implica facilitar el trabajo a tiempo parcial y establecer un seguro de desempleo complementario a los programas que hoy conduce el Seguro Social) y modernizar los sistemas de pagos (incluyendo su digitalización y la inclusión financiera de toda la población).

Finalmente, debe iniciarse la reforma de las principales instituciones del Estado (el servicio civil, el sector justicia, los partidos políticos, el Seguro Social, el sistema estadístico y la Contraloría de Cuentas, por ejemplo). Estas reformas no son fáciles, pero son imprescindibles pues sin ellas ninguna otra política pública tendrá largo aliento; sin ellas será difícil lograr el clima de paz social y gobernabilidad necesarias para la adopción de nuevas tecnologías; sin ellas no habrá inversión (ni en personas ni en infraestructura); sin ellas no habrá certeza jurídica para un buen clima de negocios. La pandemia es, ciertamente una maldición; pero quizá también sea la oportunidad de acometer, por fin, las tantas veces postergadas reformas en estas áreas clave.


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