La justicia pendiendo de un hilo

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Por: José Alejandro Arévalo Alburez

Dos mujeres se disputaban a un bebé frente al rey Salomón. El rey decidió: que partan al niño y le dan la mitad a cada una. Una de las mujeres ni se inmutó mientras la otra imploró que, si esa era la decisión, estaba dispuesta a perder al bebé. El rey supo de inmediato que ella era la madre. A veces es necesario llegar a extremos para evidenciar a los culpables y lograr justicia.

En medio del laberinto para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA) y la eventual persecución penal de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) solicitó que se levante el derecho de antejuicio a más de un centenar de funcionarios, entre diputados y magistrados, tanto de los organismos Legislativo y Judicial como de la CC, porque todos tiene señalamientos de la comisión de delitos y, sólo así, podría proceder a investigarlos y encausarlos penalmente, si procediere.

A la mejor manera de Poncio Pilato, el MP se lavó las manos, pasando la papa caliente fuera de su jurisdicción, dado que todos los encartados sospechosos de haber cometido algún delito, ocupan cargos que están protegidos por el derecho de antejuicio. Mientras las instancias establecidas para levantar los antejuicios no lo hagan, el MP se quedará de brazos cruzados, vigilante y liberándose, al menos de momento, de su responsabilidad para la aplicación de la justicia a los sujetos señalados. Todo, por supuesto, conforme a la ley.

Ahora toda la atención se traslada hacia la CSJ y el Congreso de la República (CR). La CSJ decide sobre los diputados y magistrados de salas de la CA, mientras el CR decide sobre los magistrados de la CC y de la CSJ. Si existiera algún contubernio entre la CSJ y el CR para defenestrar a los magistrados de la CC, ellos solitos se pondrían en evidencia pública. No podrían ser selectivos en la aplicación de la justicia. Lo justo, ecuánime y políticamente aceptable para eliminar cualquier sospecha sería que se levante el derecho del antejuicio a todos, sin excepción ni privilegio alguno. Ya será el resultado de las investigaciones del MP, que deben ser imparciales, objetivas e independientes, las que determinen si existen suficientes elementos para proceder a la persecución penal de los encartados y, entonces, solicitar a un juez competente el enjuiciamiento que correspondiese, en cada caso.

No es posible que el derecho de antejuicio se siga utilizando para escabullirse de la justicia, refugiándose en los cargos y que después, lamentablemente, sea la justicia extranjera la que nos venga a demostrar que este derecho sólo sirve para esconder y proteger a personajes que han cometido delitos y que debieran ser juzgados por nuestro propio sistema judicial. Ojalá que la ley se aplique a todos sin distinción y no sólo a los adversarios y enemigos, como era en la época de la dictadura del presidente Manuel Estrada Cabrera.


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