Septiembre, mes de sentencias maliciosas para quienes defienden la vida

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Por: Andrea Carrillo Samayoa /laCuerda

Mientras esos de saco y corbata siguen sin dar cuentas de qué han hecho con el dinero, a quienes están en comunidades lejanas, defendiendo los ríos, las montañas y la tierra, se les persigue con la intención de dejarlos años encerrados, privados de su libertad.

Para mujeres y hombres como María y Bernardo, empresarios de la mano de gobernantes corruptos exigen que se aplique todas las de la ley, porque -dicen- atentan contra la ‘propiedad privada y el desarrollo del país’. Y entonces ahí sí, jueces y operadores de justicia se han puesto a trabajar para entablar procesos maliciosos y retrasos constantes en los casos legales de ambos defensores de los territorios.

Durante mucho tiempo se han denunciado conflictos agrarios y desalojos violentos en diferentes regiones de Izabal y Alta Verapaz, departamentos en donde el pueblo q’eqchi’ se ha plantado frente a poderosas empresas extractivas con el único fin de defender la vida.

María Cuc Choc es una lideresa comunitaria de El Estor, Izabal, es intérprete y traductora que ha jugado un papel fundamental para documentar y denunciar daños ambientales y violaciones a derechos humanos por parte de empresas extractivas. En enero de 2018 fue detenida y acusada por la sociedad anónima Lisbal S.A., desde entonces se ha tenido que enfrentar a un sistema de justicia cooptado por la corrupción y los intereses económicos de finqueros y empresarios. Ayer 11 de septiembre, luego de más de dos años de un proceso marcado por la suspensión de audiencias, el juez a cargo del caso resolvió en poco tiempo enviar a juicio a esta defensora de derechos humanos.

Bernardo Caal Xol, es también un líder del pueblo q’eqchi’, que en el 2015 junto a la comunidad de Santa María Cahabón, en Alta Verapaz, denunció el daño y desvío de los ríos Oxec y Cahabón por parte de las hidroeléctrica Oxec. Desde 2017, Bernardo interpuso una serie de recursos legales en contra de este proyecto hidroeléctrico, lo que le costó la persecución y difamación. En noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado. El 4 de septiembre, luego de enfrentar un proceso legal manchado por irregularidades, el juez del caso denegó la apelación y reiteró los 7 años y 4 meses de prisión, pero ahora inconmutables.

En septiembre, el mes que muchos festejan con golpes de patriotismo en el pecho, el pueblo q’eqchi’ no tiene nada que celebrar, el mensaje que ha enviado el sistema de justicia amparados por los entacuchados del pacto de corruptos no es nada alentador en un país en el que urge defender los bienes naturales de las garras de los depredadores que sólo buscan incrementar sus riquezas.


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