El laberinto perfecto

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Por: MARIO FUENTES DESTARAC

La única salida es la repetición del profeso de postulación.

El año pasado, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el trabajo de las comisiones de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), así como prácticamente prorrogó indefinidamente los periodos constitucionales de los magistrados en funciones, que vencieron el 13 de octubre de 2019, expresé mi preocupación sobre la gravedad de que la postulación y elección de magistrados se apartasen de lo cierto y se adentraran en el terreno de la incertidumbre, así como de que todo terminara en un laberinto perfecto, lo que efectivamente ocurrió.

La CC, sobre la marcha, ordenó al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) que evaluara, en forma improvisada, incompleta y exprés, a los magistrados y jueces que aspiraban a las magistraturas de la CSJ y de la CA, sin que se hubiera reglamentado la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) y sin que el CCJ estuviera en condiciones de hacer una evaluación técnica. Esto originó un proceso irregular y anómalo, que no solo inhabilitó la meritocracia y premió el personalismo, sino que también fue lesivo para la carrera judicial, ya que sentó un precedente nefasto en cuestión de evaluación del desempeño profesional, que la misma LCJ exige que debe ser permanente, integral y ajustado a estándares internacionales. De cualquier manera, las comisiones de postulación no están obligadas a acatar la evaluación del CCJ, para designar candidatos.

En todo caso, lo pertinente para garantizar la calidad de los postulados habría sido obligar a las comisiones a implementar en su seno el método constitucional de la selección por oposición, que se traduce en la calificación objetiva de conocimientos, aptitudes, rendimientos, idoneidad y honradez, así como que el resultado de dicha oposición se armonizara con la votación por los aspirantes a lo interno de las comisiones. Por supuesto, la oposición se aparta de la metodología adoptada por la Ley de Comisiones de Postulación (LCP), que faculta la calificación subjetiva y discrecional.

Lógicamente, las puntuaciones dadas por el CCJ difirieron de las puntuaciones asignadas por los comisionados. De hecho, el Ministerio Público (MP), en el informe que presentó ante el Congreso, cuestiona tanto los resultados de las evaluaciones antitécnicas del CCJ a los juzgadores aspirantes, como las puntuaciones de los comisionados a los juzgadores y abogados en ejercicio.

Elaboradas las nóminas de candidatos, la CC ordena al Congreso, por un lado, que excluyera a los candidatos a magistrados postulados por las comisiones que son sujetos de investigación criminal en el caso “manipulación e influencia”, y contra quienes existan “otros procesos penales, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, así como información sobre suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal”, lo que supone la desintegración de las nóminas de candidatos a magistrados, elaboradas por las comisiones, porque reduce el número de candidatos exigido por la Constitución, entre quienes los diputados deben elegir a los magistrados; y, por otro lado, la CC impone a los diputados emitir “su voto a viva voz, expresando las razones (…), según su criterio informado”, sin reparar en que la Ley Orgánica del Congreso establece otra metodología de votación, ni tampoco en el largo tiempo que tomaría que, a través de dicho mecanismo de votación, los 160 congresistas voten, en forma razonada y pública, por cada uno de los casi 300 candidatos. Esto tornó el asunto en inextricable.

Dado que, tal como consta en el referido informe del MP, la evaluación del CCJ y la puntuación de candidatos a magistrados a cargo de los comisionados, están estructuralmente viciadas, la evaluación de aspirantes y la postulación de candidatos deben ser anuladas; y, por ende, la única salida es la repetición del proceso de postulación, pero previa enmienda de la LCP y la LCJ, en el sentido que las comisiones de postulación se rijan por la metodología de la oposición, tal como ordena la Constitución, y que sus votaciones internas se armonicen con los resultados de la oposición. Esto superaría la coyuntura con visión de futuro. De un limón una limonada.


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