199 años, y seguimos casi igual

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Por: Lizardo A. Sosa L.

A 199 años de la independencia, nuestro sistema político mantiene características similares a las de hace 200 años: escasa participación ciudadana, deficiente delegación de la soberanía en los “poderes constituidos”, prevalencia de influencias y de intereses sectoriales sobre los generales.

Una conversación con ‘Horacio Cabezas Carcache, historiador, (Ana Lucía González, elPeriódico, 13 de septiembre de 2020)’ recuerda que la independencia se realizó siguiendo el “Plan Pacífico de Independencia”, redactado en casa de la familia Aycinena, “una de las más grandes comerciantes del Reino de Guatemala” con el propósito (artículo 1 Acta de Independencia) de “prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”, pues se advertían riesgos por levantamientos populares principalmente en Totonicapán -con Atanasio Tzul a la cabeza-, y otros territorios tales como Santiago de los Caballeros de  Guatemala, San Salvador, Granada y León. En efecto, el plan se ejecutó y el Acta se firmó por solo 23 de los 53 convocados, pues la mayoría o no asistió, o se retiró por desacuerdo sobre procedimientos y contenidos entre las élites sociales y políticas de ese momento. Como sabemos, la separación fue tan pacífica, que el mismo presidente de la Audiencia de la Guatemala colonial, Gabino Gaínza, fue el primer jefe político de la Guatemala independiente; es decir, un cambio que dejó todo igual: la estructura del ejercicio del poder político, los intereses de sectores privilegiados, escasa participación ciudadana y ninguna consideración de las aspiraciones e intereses de los habitantes.

Evidentemente, 199 años después, seguimos casi igual: las decisiones políticas, económicas y sociales, las leyes que se emiten y las que no se emiten a pesar de su evidente pertinencia y urgencia, los cambios constitucionales y otras decisiones trascendentales, se preparan en lugares tan ajenos e impensables como el hecho de que la integración de las cortes se decida en una habitación de hotel, o mediante entrevistas entre electores y personajes oscuros, dejando la formalización de las decisiones a cargo de los “poderes constituidos”; lejos, muy lejos, de la forma abierta, transparente, ante los ojos ciudadanos, en la que se toman o deben tomar las decisiones de Estado, si se tiene en cuenta el sistema de gobierno republicano, democrático y representativo y el hecho de que la soberanía radica en el pueblo quien lo delega para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que se prescribe y establece en los artículos 140 y 141 de nuestra Constitución Política.

Como lo he señalado en repetidas ocasiones, la construcción de la República sigue siendo una tarea pendiente que empieza con la conformación de un régimen electoral que asegure la representatividad y legitimidad de los electos, una decidida participación ciudadana en la actividad política y procedimientos electorales que permitan votar por personas concretas en distritos pequeños y no por listas enormes y oscuras en distritos electorales de gran tamaño, previo el acomodo del texto constitucional, que debiera empezar con la reforma del artículo 280.

Es hora de poner manos a la obra.


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