Certeza jurídica, instituciones y crecimiento

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La semana anterior participé como panelista en un foro sobre el Estado de derecho y la reactivación económica en el que se puso en evidencia que, desde una perspectiva económica, la certeza jurídica es una condición esencial para la eficiencia (productividad) del aparato económico. En efecto, en un Estado de derecho donde impera la ley –lo que garantiza los derechos individuales y la igualdad ante la ley de los ciudadanos– se genera la certeza jurídica que es indispensable para satisfacer las necesidades operativas del mercado. Las interacciones económicas en ese mercado florecen al estar basadas en normas (formales e informales) que son, a la vez, estables y adaptativas. Un entorno predecible y estable genera confianza, desencadena la inversión y favorece la eficiencia económica que eleva la productividad y, con ella, el crecimiento económico.

Ese ambiente virtuoso, sin embargo, no puede surgir ni sostenerse sin que existan instituciones que lo nutran y protejan. Las instituciones (guardianes de la certeza jurídica) no son las entidades gubernamentales, sino que son el conjunto de normas oficiales y de convenciones oficiosas que conforman el marco para la interacción humana y que perfilan los incentivos que motivan a los miembros de la sociedad. Desde el punto de vista económico, la presencia de instituciones eficaces propicia igualdad en el acceso a las oportunidades económicas para todos, así como una compensación apropiada para el factor trabajo y una efectiva protección de los derechos de propiedad.

En Guatemala, la evidente ausencia de certeza jurídica (y, consecuentemente, de progreso material) se debe, en gran medida, a la debilidad de las instituciones. Aunque contamos con unas pocas instituciones eficaces (como, por ejemplo, el sistema de banca central autónoma que ha coadyuvado a mantener la preciada estabilidad macroeconómica), la mayoría de las instituciones clave son muy débiles e ineficientes: la falta de un sistema de justicia independiente mantiene desprotegidos –entre otros– los derechos de propiedad; la ausencia de un servicio civil profesional genera desperdicio de recursos fiscales; y, la ausencia de un sistema electoral abierto y representativo genera corrupción y anomia ciudadana.

Para que imperen la ley y la certeza jurídica es necesario fortalecer las instituciones. Sin embargo, estas son el resultado de una compleja interacción de factores económicos, políticos, culturales e históricos, por lo que tienden a ser persistentes y su reforma suele ser difícil. Pero no imposible. Reformar las instituciones es un proceso lento y dificultoso que requiere varias condiciones: un liderazgo político que las impulse; un buen diseño técnico que las estructure; una gestión efectiva y perseverante del proceso de reforma; una voluntad de enfrentarse a la oposición de los buscadores de rentas; y, a veces, un evento “disparador” –una crisis económica o política, por ejemplo– que les dé sustento en la opinión pública. 

En nuestro país están puestas sobre la mesa, desde hace tiempo, una serie de propuestas de reforma institucional, técnicamente bien logradas, que podrían ser –especialmente en razón de la crisis que estamos viviendo– el inicio de un proceso que nos lleve al Estado de derecho y de certeza jurídica indispensable para que la economía crezca y los guatemaltecos prosperen. Lo que hace falta es el liderazgo, la gestión y la opinión pública que las prioricen e impulsen.

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