La alternativa a mayor endeudamiento público

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Por: Gonzalo Asturias Montenegro

El proyecto de presupuesto del Estado para el año entrante contempla mayor endeudamiento público. Yo pregunto si es justo endeudarte a ti y a tus hijos y nietos contratando mayor deuda pública sin que antes las más altas autoridades renuncien a sus altos sueldos y privilegios. Los funcionarios no se aprietan el cinturón y quieren que la población lo haga. Cada vez pesa más sobre los ingresos tributarios el pago de intereses y capital de la deuda pública. ¡Hoy ya es una pesada carga!

Antes de contratar nuevos créditos los funcionarios deben apretarse el cinturón. Recordemos que alcaldes y concejales ganan lo que quieren, que la administración pública está plagada de asesores que no asesoran nada. ¡La mayoría sobra! Mientras no se cancelen todos los bonos de los burócratas que no sean los universales (aguinaldo y bono 14), se reduzca la burocracia y los más altos sueldos del gobierno, no se debería de hablar de nuevo endeudamiento. Imagínate que los magistrados del pasado Tribunal Supremo Electoral se recetaron casi medio de millón de quetzales para cada uno en concepto de bonos electorales y que hoy los diputados siguen realizando remodelaciones lujosas y onerosas de sus oficinas.

Por el COVID-19, la reducción de los sueldos mayores de la administración pública ya se hizo efectiva en varios países latinoamericanos. La ética política no puede deslindarse de los aspectos fiscales, como ocurre aquí.

En vez de mayor endeudamiento, para conseguir fondos el gobierno debería transitar por otras rutas. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) estima que el monto defraudado anualmente al fisco por contrabando y defraudación aduanera es de alrededor de catorce mil millones de quetzales.

Hace algunas semanas, la SAT denunció que tiene restricciones para inspeccionar puertos y aeropuertos así como reveló inconsistencias en sus estadísticas del número de contenedores en puerto. Estados Unidos ha presionado para que en los puertos se ponga en uso el sistema de rayos X, lo cual no se había hecho por renuencia de las autoridades. ¡No había voluntad política de ponerlos en servicio! Recientemente, la FECI presentó un nuevo caso de defraudación aduanera que sería La Línea 2. En la número Uno cayeron los entonces presidente y vicepresidenta Pérez Molina y Baldetti. En la nueva Línea se descubrió inclusive tráfico de drogas.

Según se publicó hace algunas semanas, sólo con orden de juez la SAT puede inspeccionar los hangares privados del aeropuerto, en donde hay aeronaves que levantan vuelo y aterrizan con destinos nacionales e internacionales, sin un verdadero control aduanero. Esto es inaudito e inaceptable. En arca abierta el justo peca. Entre los funcionarios públicos no hay justos sino, sobre todo, pecadores.

Recientemente, la cada vez más activa Cámara de Alimentos y Bebidas expuso ante una comisión parlamentaria la necesidad de introducir cambios sustanciales o realizar una nueva ley contra el contrabando y defraudación aduanera, que contemple penas más severas y que queden en el pasado hechos como los que cuando al contrabandista lo agarran in fraganti, en vez de consignarlo a los tribunales le permitan que pague los impuestos defraudados y que cargue con la mercadería a su casa. También señaló la necesidad de integrar delitos asociados al fiscal como serían, entre otros, los sanitarios y de medio ambiente. Estas y otras observaciones lucen atinentes y deben ser consideradas.

Si el gobierno se lo propusiera, en medio año podría tener el control de puertos y aeropuertos y a los contrabandistas en cintura. Para ello debería utilizar la inteligencia civil y militar. ¡Qué sirvan para algo bueno, no solo para espiar a políticos y periodistas! El asunto es que no se puede pedir al problema que sea parte de la solución. Los funcionarios han sido el problema.

El gobierno podría asegurar también mayores fondos comprando la medicina a precios de mercado internacional. Este es un gran agujero negro que succiona ingentes cantidades de dinero público. El Seguro Social ha abaratado la compra del 30 por ciento de su medicina a través de un acuerdo internacional con UNOPS, ahorrando a la institución más de 2 millardos de quetzales. Si el acuerdo es exitoso, ¿por qué no extenderlo al ciento por ciento de las compras? ¿Por qué no se hace otro tanto en salud pública? Ya tú sabes la respuesta: los burócratas no quieren que se compre medicina sin “mordidas”. ¡Cuanto no chillan los chivos en el destete! Aunque chillen, en el gobierno urge el destete, si no no iremos a ningún lado.

Otra fuente de obtener recursos a mediano plazo es el de la reforma del Estado, incluyendo la emisión de una nueva ley de servicio civil. Un saca fotocopias en el Congreso puede ganar (¡y gana!) bastante más que un médico. Ninguna empresa privada de Guatemala podría sobrevivir y triunfar copiando el desorden administrativo del gobierno y los onerosos pactos colectivos de trabajo. Ningún asesor le ha hecho ver esto a la administración pública. A mediano plazo, también se podría ahorrar el dinero proveniente de nuestra salida del Parlacen, refugio de impunidad.

Afortunadamente se dejó de lado la propuesta del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) de establecer nuevos impuestos, entre otros, el de duplicar del pago del impuesto a circulación, elevar el impuesto a bebidas alcohólicas, y bebidas gaseosas, así como poner impuestos a servicios digitales tales como Google o Netflix, etc.

Como se me acabó el espacio, para que el gobierno disponga de mayores recursos, entre otros, solo menciono de paso la necesidad de acabar con el gasto paralelo; con los fideicomisos que manejan fondos públicos sin control de ninguna especie; con el listado geográfico de obras, que disfraza pagos solapados a los diputados; dejar de “regalar” dinero a los Codede y un largo etcétera, que desarrollaré en otra ocasión. Resumo mi mensaje diciendo que  antes de que se apruebe el nuevo endeudamiento es necesario que la burocracia se aprieten el cinturón, para predicar con el ejemplo. Hasta el más tonto lo entiende, pero el gabinete de gobierno, los diputados y asesores, no. Lo entienden pero se hacen los locos. ¡Triste nuestro caso!   [email protected]


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