CABLE A TIERRA
Lo que se espera del sistema de justicia, y de todos los órganos responsables de realizar la investigación de un delito, es que hagan su trabajo con apego estricto a la ley, a los procedimientos establecidos y de forma técnicamente competente para que sea la evidencia la que confirma o descarta una acusación y que todas las partes involucradas tengan certidumbre y confianza de que la decisión final que haga un juez o un tribunal no ha sido sesgada en una u otra dirección por el poder, las influencias y/o los prejuicios y creencias particulares de los involucrados. Debe haber una garantía de que el proceso no derive tampoco en la comisión de nuevas injusticias que se sobreponen a la que se intentó reparar inicialmente. Peor aún, que la justicia termine sustituida por la venganza y el odio, creando círculos viciosos interminables de destrucción y autodestrucción de las personas, las familias y de la sociedad.
Según el profesor Víctor Manuel Rodríguez Rescia, titular de los cursos de Derechos Humanos de la Universidad Lasalle, de Costa Rica, y en su momento secretario adjunto a.i. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debido proceso es “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto”. El debido proceso “busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes, en un marco de mínimo respeto a la dignidad humana en cualquier tipo de proceso legal. Es la garantía de que todos pueden tener la misma oportunidad ante la ley”.
Lamentablemente, Rodríguez Rescia también señala que: “El derecho a un debido proceso legal es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional… es una garantía que debe estar presente en toda clase de procesos, no solo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro”.
Lamentablemente, cada vez es más evidente que lo que se había venido ganando los últimos 25 años, profesionalizando el ejercicio de la justicia en Guatemala, para garantizar el debido proceso y una justicia imparcial, se está perdiendo aceleradamente. Tampoco vale ya aquello de que “la justicia solo muerde a los descalzos”; lo vemos ocurrir también en casos de alto impacto, como el de Jose Rubén Zamora, o de la abogada Virginia Laparra, y también en casos en los que se ven involucrados ciudadanos de clase media que, de repente, terribles circunstancias y situaciones los arrastran a experimentar la pesadilla que significa no contar con un sistema de justicia apegado a derecho, que sea profesional e independiente.
Vemos lo que ya está pasando en Nicaragua, donde la dictadura simplemente mete presos a los que considera “enemigos” del régimen, que puede ser cualquiera, y pareciera que no se entiende la gravedad de la amenaza que se está gestando en Guatemala y en toda la región.
Sin debido proceso, y sin justicia independiente, no puede haber convivencia pacífica; tampoco compensación por agravios ni castigo por delitos fehacientemente comprobados. Simplemente hay alguien que decidirá discrecionalmente sobre el destino de alguien más, a su sabor y antojo o por mandato de terceros.
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