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Opinión

Marca país

El logotipo de la Marca País Guatemala, presentado la semana pasada por el presidente Alejandro Giammattei, más pareciera una broma de mal gusto. El diseño de la G es tan elemental, tan sin gracia, que no representa por ningún lado la riqueza natural ni multicultural del país. Pero aún más, esa imagen pareciera una copia del logotipo de la radio Garkuwa FM Radio, de Sokoto, Nigeria.

A CONTRALUZ

Según el portal Guatecompras, a la empresa Regional de Comunicaciones, S.A., le fue adjudicado el contrato de la creación de la marca por 6 millones 800 mil quetzales, lo cual no es ni más ni menos que un atraco en despoblado. ¿Pagar tanto por un logotipo sin sentido? La única respuesta es que ahí hay gato encerrado y lo que se observa no es más que producto de la corrupción desenfrenada de este gobierno.

Según la propaganda oficial, se trata de forjar una marca de identidad nacional, que resalte las cualidades de la nación y contribuya a mejorar el turismo y las inversiones extranjeras. ¿Será que los visitantes se van a sentir cómodos al transitar por las deterioradas carreteras del país, en las que deben movilizarse a vuelta de rueda para evitar daños a los vehículos? Ese gobierno, al igual que sus predecesores, no ha hecho absolutamente nada para reparar las vías que nos ponen en desventaja frente a las naciones vecinas. Basta con internarse en México, El Salvador u Honduras para comprender la diferencia de carreteras en buen estado y el desastre de las nuestras. Los turistas que se atrevan a venir al país se van a topar con lugares turísticos hermosos, pero sin servicios y con el riesgo de ser víctimas de la criminalidad. Más que un logotipo de mal gusto, lo que se requiere es inversión en infraestructura y mantenimiento de nuestras riquezas naturales y arqueológicas.

Más que un logotipo, en Guatemala existe una marca país y esa es la búsqueda de la destrucción del ambiente y sus recursos naturales. La bancada oficialista y sus aliados en el Congreso intentan darle vida a una ley que crearía un Superministerio de Ambiente que causaría un terrible daño al país. Desde el sector privado hasta organizaciones ambientales han alertado sobre el riesgo del cierre de entidades como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado y las autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Petén Itzá. La eliminación de estas instancias le significaría al nuevo superministerio contar con unos Q900 millones más para uso clientelar en la próxima campaña electoral. Pero no solo eso, ya sin instancias de control, el superministerio podría otorgar autorizaciones para la operación de minería y de empresas contaminantes que destruirían aún más nuestra riqueza natural.

La marca país es la opacidad. ¿Los diputados creen que van a incentivar la llegada de inversión extranjera en un país en el que se trata de evitar la fiscalización de fondos públicos? Con la iniciativa 6120 pretenden que los más de 11 mil millones de quetzales aprobados durante la pandemia no puedan ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. En su lugar se plantea que sea la Superintendencia de Bancos la que fiscalice el uso de tales fondos, cuando es una entidad a la que no le corresponde realizar esa tarea. Tal iniciativa es totalmente inconstitucional porque el artículo 232 de la Carta Magna señala que la Contraloría es la encargada de fiscalizar los ingresos y egresos de los organismos del Estado. Está claro entonces que el objetivo es que no se sepa para qué se utilizaron los fondos o para qué se van a usar los que quedaron sin ejecutar, sobre todo en las cercanías del período electoral. Entonces, para qué engañarnos con una G insulsa, si la marca país es la corrupción, la opacidad y la impunidad de la alianza oficialista.

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