Ciudad de Guatemala – La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de manera provisional la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso de la República, que habría permitido al Ejecutivo disponer de Q14,500 millones adicionales en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2024. La decisión se tomó tras la presentación de cinco amparos que cuestionaron la legalidad del proceso.
Controversia en el Congreso
La moción privilegiada que permitió la discusión y aprobación de la ampliación presupuestaria fue duramente criticada desde su inicio. La moción se presentó durante una sesión en la que se suspendió una interpelación, lo que generó preocupación entre varios sectores que vieron esta acción como un intento de eludir el debate adecuado. Según la Ley Orgánica del Congreso, los diputados tienen derecho a interpelar y esta acción no puede ser limitada por ninguna autoridad.
Amparos Presentados contra la Ampliación
Los amparos que llevaron a la suspensión de la ampliación fueron presentados por figuras destacadas, entre ellas Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, y varios diputados de los partidos Visión con Valores (Viva) y Vamos. También se unieron a la acción legal el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, y el abogado Giovanni Fratti. Estos actores argumentaron que la forma en que se aprobó la moción violó principios fundamentales del proceso legislativo.
Decisión de la CC
La resolución fue adoptada por cuatro de los cinco magistrados que conocieron los expedientes. Nester Vásquez, Leyla Lemus, Dina Ochoa y Hugo Pérez Aguilera votaron a favor de la suspensión provisional. Roberto Molina Barreto, por su parte, firmó con un voto razonado concurrente, lo que indica que aunque estuvo de acuerdo con el fallo, tuvo razones adicionales o diferentes para su decisión.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, expresó su sorpresa ante la decisión de la CC, señalando que no se esperaba esta medida, ya que la ampliación presupuestaria no estaba prevista en la agenda legislativa. Esta suspensión deja en el limbo la posibilidad de que el Ejecutivo disponga de los fondos adicionales, lo que podría afectar la ejecución de varios proyectos previstos para este año.
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