La organización ha expresado serias preocupaciones sobre la falta de justificación técnica y los riesgos de corrupción que podrían derivarse de estas decisiones, especialmente en lo que respecta a los incrementos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q14,451 millones, dentro de los cuales se incluye un aporte extraordinario de Q1,875 millones a los CODEDE. Según el Icefi, esta asignación carece de una fuente de financiamiento clara, lo que aumenta su vulnerabilidad al mal uso de fondos. Asimismo, la entidad señaló que el incremento de Q820 millones al MAGA se realizó a costa de recortar presupuestos destinados a áreas esenciales como el gasto social, la inversión en infraestructura, y otros programas clave.
Un aspecto positivo que destacó el ICEFI fue la corrección de la subestimación en la proyección de ingresos tributarios, que ahora se sitúa en Q99,684 millones, lo que representa una carga tributaria del 11.4%. Sin embargo, la organización considera que esta corrección es insuficiente. Según sus cálculos, la recaudación real al 31 de julio sugiere que los ingresos podrían llegar a Q102,571 millones, con una carga tributaria del 11.7%. Este error, según el Icefi, distorsiona los parámetros de evaluación del desempeño de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y podría afectar las proyecciones del presupuesto para 2025.
El Instituto también mostró preocupación por las enmiendas impulsadas por los diputados, señalando que estas no fueron justificadas técnicamente. La ejecución de las transferencias del Gobierno Central a los Codede, por ejemplo, ha sido baja, con un 16.1% hasta el 15 de agosto, lo que refleja una ejecución deficiente.
Las mayores preocupaciones del Icefi se concentran en algunas de las asignaciones de gasto aprobadas en la ampliación presupuestaria. El Congreso de la República no solo ignoró las numerosas y diversas recomendaciones técnicas que aconsejaron no aprobar el incremento de Q1,675.0 millones al aporte extraordinario para los Codede, sino que lo aumentó a Q1,875.0 millones. En el anexo técnico a este comunicado de prensa el Icefi detalla los argumentos que muestran que este incremento carece de justificación técnica, siendo así que: es opaco por no especificar la fuente de financiamiento; no explica técnicamente el origen y justificación del monto y del incremento de Q200.0 millones introducido en las enmiendas aprobadas por el Congreso; no se justifica puesto que la ejecución de las transferencias del Gobierno Central a los Codede al 15 de agosto de 2024 es solamente el 16.1% de la asignación presupuestaria sin ampliar (Q4,044.2 millones), y de apenas 10.1% de la asignación presupuestaria ampliada (Q6,401.1 millones), la cual es aún más baja si se toma en cuenta la ejecución real y no solo los montos transferidos; la distribución por municipio aprobada carece de justificación técnica, incorporando modificaciones respecto a la propuesta original sin que tampoco medie explicación técnica o política que las respalde; y, la inclusión de una norma que pretende una interpretación laxa del artículo 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto dándole carácter multianual a este incremento, en posible contravención al artículo 38 de esa ley orgánica, que obliga a los Codede a devolver a la Tesorería Nacional los saldos en efectivo no ejecutados.
Además, el ICEFI cuestionó la creación de un fondo de crédito campesino por Q500 millones, que carece de un reglamento que defina los criterios de otorgamiento de los fondos. Esta falta de claridad, junto con la autorización al MAGA para adquirir fertilizantes, semillas y aperos de labranza sin cumplir con las modalidades más transparentes y competitivas de adquisición pública, aumenta el riesgo de corrupción, según la entidad.
Por otro lado, el decreto 16-2024 contiene errores técnicos y de fondo que, aunque podrían corregirse, dejan abierta la puerta a la corrupción al exonerar ciertos procesos de adquisición pública de las normativas más transparentes y competitivas.
El Ministerio de Finanzas Públicas fue consultado para conocer su postura sobre las observaciones del ICEFI, pero hasta el momento no ha emitido una respuesta. Sin embargo, en respuesta a las críticas, el Ministerio sugirió que la consulta sea dirigida a la Presidencia, ya que se recomienda que el Ejecutivo vete o emita reglamentos para prevenir el abuso y la corrupción.
La incertidumbre generada por estas decisiones presupuestarias ha dejado una sensación de desasosiego en la población, que ve con preocupación cómo se manejan los fondos públicos en un momento en el que el país enfrenta serios desafíos económicos y sociales. La necesidad de una mayor transparencia y control en la ejecución del presupuesto es más urgente que nunca.
El ICEFI emitió los siguientes documentos que tambien pueden ser encontrados en su página oficial:
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