PUNTO DE ENCUENTRO
El proceso de consulta —reconocido en la legislación nacional y en diversos convenios internacionales ratificados por Guatemala— se llevó a cabo de forma pública y transparente, cumpliendo todos los pasos establecidos en el Código Municipal (CM). Un detalle no menor es que la Corte de Constitucionalidad —en reiteradas ocasiones— ha resuelto que los pueblos tienen el derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada, “cuando el Estado emite disposiciones administrativas o legislativas que les afectan”, como es el caso de la aprobación o modificación de una licencia minera.
Atendiendo estos aspectos, el concejo edil de Asunción Mita aprobó llevar a cabo la consulta de vecinos, solicitud que fue hecha a través de una petición calzada con la firma de 4 mil pobladores del municipio. Siguiendo con los procedimientos, nombró una comisión específica, integrada por representantes de la Alcaldía, de diversos sectores sociales y de la iglesia Católica, que trabajaron durante semanas en la coordinación del proceso.
Como parte de sus atribuciones, la Comisión elaboró una propuesta de reglamento, la cual fue conocida, reformada y aprobada por la corporación edil, cumpliendo lo establecido en el Código Municipal para garantizar su validez. El día de la votación, y tras haber comprobado que más del 20% de las y los vecinos que conforman el padrón electoral había participado, el alcalde y el Concejo procedieron a ratificar y validar los resultados. Recordemos que la legislación guatemalteca establece que el municipio y su administración son “autónomos”, en cuanto a los planes de ordenamiento territorial, construcción y uso de los suelos.
No habían pasado 24 horas de realizada la consulta cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y varias cámaras empresariales (¿coincidencia?) descalificaron el proceso y la voluntad de las y los vecinos de Asunción Mita, aduciendo que el Concejo “no tiene competencia para tomar una decisión relacionada con la instalación y operación de un proyecto minero” (Prensa Libre, 20/9/22) y que existía un amparo en contra de la propuesta de reglamento que, dicho sea de paso, nunca le fue notificado ni a la Alcaldía ni a la Comisión.
Lo que obvia decir el MEM es que la licencia del proyecto minero Cerro Blanco —que se otorgó en 2007 a la empresa Entremares, S.A. y que luego fue vendida a Elevar Resources— fue para la explotación subterránea de oro y plata, y no para la explotación minera a cielo abierto, como la que ahora se pretende realizar.
El cambio en las condiciones y en el tipo de explotación que implicará uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en grandes cantidades modifica diametralmente los impactos y efectos nocivos para la población de Asunción Mita, lo que justifica plenamente la realización del proceso de consulta, aunque la empresa y el ministerio al servicio de los mineros no quieran reconocerlo. Incluso, comunidades vecinas en El Salvador podrían verse afectadas por la posible contaminación del río Lempa, que abastece a miles de familias en el vecino país.
Indigna, aunque no sorprende, que el gobierno de Alejandro Giammattei anteponga los intereses de una empresa transnacional minera a la vida, la salud y la voluntad soberana del pueblo guatemalteco.
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