A CONTRALUZ
Lejos de proteger los derechos que la Constitución garantiza a los guatemaltecos, los diputados, salvo honrosas excepciones, se han dado a la tarea de coartarlos a la conveniencia del poder. Y como el actual presidente se ha mostrado soberbio y autoritario, quieren aprobar leyes bajo el signo de la intolerancia. De hecho, se han convertido en enemigos de la libertad de expresión y del derecho a la manifestación porque les molesta que la ciudadanía exprese su descontento contra el alto nivel de corrupción e impunidad que impera en el país. De esa cuenta quieren convertir en delitos las diferentes formas de crítica que la población expresa por medio de las redes sociales, sean textos, imágenes o videos. De igual forma, quieren que las marchas de protestas terminen en baños de sangre con el objetivo de crear un clima de terror al promover una iniciativa para que las fuerzas de seguridad ataquen con sus armas a los manifestantes, como ya ocurrió en la movilización del 21 de noviembre del 2020.
Una ley necesaria para tipificar los delitos que se cometen en internet fue utilizada para coartar la libertad de expresión. La semana pasada, cien diputados levantaron la mano para aprobar un adefesio de Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, que quizá ni leyeron porque, de haberlo hecho, hubieran reparado en lo mal redactada que está, así como las inconstitucionalidades que presenta. Esta normativa más parece copia de la Ley de Ciberdelitos que la dictadura de Daniel Ortega aprobó en el 2020 y que tipifica como delitos la producción, reproducción y transmisión de gráficos y textos que el poder estime como insulto. De entrar en vigor en Guatemala, esta ley sería un atentado no solo contra la libertad de expresión, sino contra la privacidad, porque permitiría que los entes investigativos puedan rastrear toda la cadena de producción y reproducción de una imagen o un video. Eso significaría convertir en delincuente y enviar a la cárcel a una o más personas por el simple hecho de compartir un meme o dar Me gusta a un video. Por si eso no bastara, el diputado Boris España impulsa la iniciativa 6076, Ley de Fortalecimiento de la Fuerza Pública y Ejército de Guatemala, que tiene por objetivo permitir que las manifestaciones puedan ser reprimidas. Con esta acción, este diputado demuestra claramente por qué fue incluido por Estados Unidos en la lista Engel de actores que promueven la corrupción o limitan la democracia. El legislador dijo en Emisoras Unidas: “No podemos estar mandando a nuestras fuerzas de seguridad a garantizar los derechos humanos de una manifestación cuando los manifestantes andan con palos y pistolas. El que va con palos, palazos quiere; y el que va con pistolas, balazos quiere”. Esas declaraciones dejan ver la irresponsabilidad de España, que solo recuerda los cruentos operativos que ocurrieron durante el conflicto armado interno. Además, existen antecedentes de elementos infiltrados en las manifestaciones que buscan hacerlas aparecer como violentas.
La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, ofreció a los dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán que no agendará la iniciativa 6076 que promueve España. Sin embargo, debemos estar atentos porque con esta legislatura cualquier cosa puede pasar y en la oscuridad pueden aprobar esa aberración de iniciativa. No sería la primera vez que puedan traicionar la voluntad popular. Estas expresiones de mordaza y represión solo demuestran que desde el poder buscan acallar toda forma de rechazo u oposición. No importa si es política, cívica o periodística. Ya el periodista Jose Rubén Zamora está experimentando en carne propia la intolerancia al periodismo crítico. El control que el pacto de corruptos tiene en las estructuras del Estado lo están utilizando para limitar toda forma de expresión crítica.
Agregar comentario