El jueves 1 de diciembre, en la oficina del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, fue juramentado el Consejo Consultivo de la instancia.
El recién integrado Consejo Consultivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura está integrado por Luis Cáceres, Olmedo Vásquez, Juan Bolaños, Ovidio Flores y Denis Velásquez. Este grupo de profesionales independientes fue seleccionado a partir de requisitos establecidos en la dependencia, entre otros:
“Ser profesional en cualquiera de las ciencias humanas, sociales, jurídicas, de la salud física y mental, entre otros, que guarden relación con los ámbitos profesionales presentes o necesarios para la prevención de la tortura” y además:
“Poseer experiencia, mínima de cuatro años, en el campo de los derechos humanos, administración de justicia, de los derechos de las personas privadas de libertad, en la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en investigación criminal, en rehabilitación de víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
La función de este consejo será:
“Asesorar, emitir opiniones y hacer recomendaciones sobre el trabajo y la planificación anual de la Oficina; y, b) Cuando la Oficina Nacional de Prevención lo considere necesario, emitir opinión sobre situaciones o casos especiales que dicha Oficina le plantee, relacionados con el ámbito de la competencia de la Oficina, previo a que esta decida sobre el particular”.
La visión del mecanismo instalado en Guatemala es:
“Lograr con acciones de prevención, que se termine toda practica de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes para las personas privadas de libertad y población en general, con conductas institucionales y sociales del Estado que restablezcan el pleno de goce del derecho humano a la vida y el respeto a la dignidad y la persona humana”.
¿Qué es la tortura y por qué debe prevenirse en todo el mundo?
El jurista chileno Claudio Nash Rojas, en un artículo que circula en Internet, menciona la dificultad de establecer “la distinción conceptual entre actos que sean calificados como tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”.
Prohibir la tortura como tal es un consenso en todo el mundo. Sin embargo, las violaciones a la dignidad afectando la integridad personal pueden adquirir diversas formas, indica el doctor Nash en su artículo.
Guatemala, país signatario de la Convención
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un tratado internacional de Derechos Humanos que prohíbe las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los países firmantes de esa convención están obligados a monitorear y responsabilizar a los gobiernos cuando se produzcan hechos de esa naturaleza.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Guatemala es una Comisión del Congreso, como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
El Protocolo Facultativo de la referida convención fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2002 y entró en vigencia en 2006. En este protocolo se establece que los países signatarios deben crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y “realizar visitas regulares a lugares de detención”.
Esta es una de las funciones que regularmente, realizan los comisionados en Guatemala, donde el mecanismo tiene oficinas en diferentes regiones. Ahora, con el Consejo Consultivo, cuentan con otro elemento para garantizar la independencia en la fiscalización a las autoridades penitenciarias, a fin de prevenir la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra privados de libertad.
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