En una resolución de impacto, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha tomado la decisión de denegar el amparo solicitado por la Fiscal General, Consuelo Porras. La acción legal se fundamentaba en supuestas violaciones al trabajo del Ministerio Público (MP) y buscaba asegurar la autonomía y funcionalidad de esta institución vital.
En respuesta a esta solicitud, los magistrados convocaron a una sesión plenaria el lunes 28 de agosto a las 10:30 horas. Durante la reunión, se examinaron los informes detallados requeridos a la Presidencia de la República, al Ministerio de Gobernación (Mingob), a la Policía Nacional Civil (PNC) y al propio MP.
Tras un meticuloso análisis de los documentos presentados y de las argumentaciones planteadas por la Fiscal General, la CC tomó la determinación de rechazar el amparo. En la resolución se especifica que se otorgará a la Fiscal General y a los terceros involucrados en el caso una audiencia en las próximas 48 horas.
La presentación inicial de Porras constaba de un expediente con 90 folios. En este, la líder del MP expuso una serie de peticiones con el fin de salvaguardar la “autonomía e independencia” de la institución. La documentación fue entregada a la Corte en la noche del jueves 24 de agosto.
Porras alegó que recientes publicaciones en redes sociales ponían en riesgo el cumplimiento del mandato constitucional del MP. En respuesta, solicitó a la CC que tomara medidas con respecto al presidente Alejandro Giammattei, al Mingob y a la PNC.
En su escrito, Porras también señaló que las convocatorias para manifestaciones y demandas de renuncia, incluyendo las de Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y de la agente fiscal Cinthia Monterroso, atentaban contra sus derechos.
El expediente incluyó los nombres de siete usuarios de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), a quienes se atribuyó la promoción de la renuncia “sin fundamento legal” de funcionarios legalmente designados.
Otra petición de la fiscal general involucraba al procurador de los Derechos Humanos, a quien solicitaba que actuara para solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de ella, Curruchiche y Monterroso. Sin embargo, la decisión de rechazar el amparo descarta esta posibilidad.
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