La audiencia de primera declaración sobre el caso “Toma de la USAC: Botín Político” ofrece una perspectiva detallada y contextualizada desde el punto de vista del órgano investigador, sobre los eventos que rodean este prolongado episodio. El Ministerio Público (MP) detalla seis puntos clave que destacan las complejidades y consecuencias del caso.
El proceso se inicia con las denuncias presentadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2022 y 2023, que abordan la toma ilícita de instalaciones y los daños sufridos durante el período. Las diligencias realizadas como anticipo de prueba documentan un daño patrimonial estimado en al menos Q90 millones. El vandalismo, incluida la quema y el robo de vehículos, se suma a la pérdida de servicios sociales que la universidad dejó de ofrecer a la sociedad guatemalteca.
El MP solicita al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) un peritaje lingüístico, destacando que, aunque no es definitivo ni abarca todos los elementos de la investigación, proporciona un enfoque limitado que no responde completamente a las expectativas del ente investigador.
La investigación incluye 31 diligencias de allanamiento y 27 órdenes de captura. Los antejuicios solicitados, de ser declarados con lugar, podrían desencadenar investigaciones por delitos como usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita. El MP estima que alrededor de 250,000 estudiantes fueron directamente perjudicados por la imposibilidad de recibir clases y realizar trámites administrativos durante más de un año.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, el 16 de noviembre, confirmó la captura de cinco personas y una más el 21 de noviembre, incluyendo a Andrea Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputado por el Movimiento Semilla, y Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la USAC.
El MP presentó un antejuicio contra el binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como antejuicios contra los diputados del Movimiento Semilla: Samuel Pérez y Román Castellanos; y el diputado electo Raúl Barrera. También se presentaron antejuicios contra los diputados Adán Pérez, del Movimiento Winaq; Carlos Barreda y Aldo Dávila, del Partido Voluntad y Oportunidad (VOS).
Es en este punto donde las acciones del ente investigador son cuestionadas debido a las acciones judiciales que involucran figuras con antejuicio.
El MP enfatiza que su rol es técnico, no político, con el objetivo de descubrir la verdad en cada caso. La audiencia continúa desentrañando los detalles y las implicaciones del caso ‘Toma de la USAC: Botín Político’.
En la audiencia de primera declaración de las personas detenidas este martes, 21 de noviembre, el Ministerio Público (MP), detalla seis puntos claves del caso.
- El MP informó que la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el año 2022, presentó denuncia por la toma ilícita de las instalaciones. Posteriormente, en el año 2023, presentó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de la referida casa de estudios.
- En seguimiento a la investigación, se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba, lo que permitió documentar los daños ocasionados a las instalaciones de la Universidad de San Carlos durante los 385 días que estuvo tomada.
- Estas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, y destacó los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca.
- Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) , la realización de un peritaje lingüístico, el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico.
- Dentro de la investigación, fueron autorizadas 31 diligencias de allanamiento, y 27 órdenes de captura, y de acuerdo a ley se solicitaron los antejuicios correspondientes para que, si se declara con lugar, iniciar con las investigaciones correspondientes por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita, al advertir que, dichas personas, deliberadamente, estuvieron presentes, participaron e incitaron abiertamente la toma ilegal de la referida universidad.
- El MP estima que, 250 mil estudiantes fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la casa de estudios durante más de un año, por lo cual, los estudiantes afectados también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos.
USAC
El jueves 16 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación presentó el caso y confirmó la captura de cinco personas, una más fue capturada este martes 21 de noviembre:
- Andrea Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputado por el Movimiento Semilla
- Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la USAC
- Eduardo Antonio Velásquez Carrera, egresado de la USAC
- Alfredo Enrique Beber Aceituno, egresado de la USAC
- Javier Alfonso de León Gómez, estudiante de la USAC
- Jorge Macario trabajador y sindicalista de la USAC. (Capturado el 21 de noviembre)
La Fiscalía presentó un antejuicio contra el binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera. También, se presentaron antejuicios contra los diputados del Movimiento Semilla: Samuel Pérez y Román Castellanos; y el diputado electo Raúl Barrera.
Igualmente, se presentaron antejuicios contra los diputados Adán Pérez, del Movimiento Winaq; Carlos Barreda y Aldo Dávila, del Partido Voluntad y Oportunidad (VOS).
En dicho comunicado el Ministerio Público aseguró que es una institución técnica, no política y su fin, como en todos los casos, es averiguar la verdad.
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