El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por solicitud del Ministerio Público (MP), realizó un peritaje lingüístico para determinar si el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicemandataria electa, Karin Herrera, indujeron la toma del Campus Central de la Universidad de San Carlos (Usac), a pesar de su derecho de antejuicio.
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, sostiene que el MP estaba investigando a los funcionarios con derecho de antejuicio, lo que implicaría una vulneración de esa protección. Juan Gerardo Guerrero Garnica, del equipo jurídico del Movimiento Semilla, evalúa acciones contra las supuestas “ilegalidades y arbitrariedades” del MP, destacando que no puede alegar desconocimiento de la ley ni incapacidad para investigar a funcionarios con inmunidad.
En contraste, en noviembre de 2022, la Fundación contra el Terrorismo solicitó el retiro de inmunidad del entonces juez Carlos Ruano por posibles delitos como usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito. Esta solicitud se basó en el proceso penal contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, alegando que Ruano grabó ilegalmente a Stalling solicitando una medida sustitutiva a favor de su hijo Otto Molina Stalling, a pesar de su derecho de antejuicio. La CSJ dio trámite al antejuicio, y Ruano abandonó el país en septiembre después de renunciar al cargo.
Además, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) inició un proceso penal contra Juan Francisco Sandoval, Eva María Sosa y Claudia González por supuestas diligencias de investigación antes de la denuncia y retiro de inmunidad de Stalling en 2017.
El resultado del peritaje lingüístico del Inacif determinó que el binomio del Movimiento Semilla no tiene vínculos con el caso conocido como “Toma de la Usac: Botín político”. A pesar de esta exoneración, el pasado viernes, el MP solicitó el retiro de inmunidad de Arévalo y Herrera, así como de los diputados al Congreso Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera (electo), Adán Pérez, Aldo Dávila y Carlos Barreda, acusándolos de supuestamente incitar a la toma del Campus Central para impulsar sus candidaturas en las elecciones de 2023.
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