El pasado 30 de noviembre, un hito en el proceso legislativo guatemalteco marcó la aprobación del presupuesto nacional para el año 2024, alcanzando la cifra de Q124 mil 879 millones 970 mil. Un total de 115 diputados respaldaron el Decreto 18-2023, que contenía la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de tensiones y disidencias. Miembros del Movimiento Semilla manifestaron su oposición, argumentando que el presupuesto no se alineaba con los intereses nacionales. Esto generó un ambiente de conflicto luego de la sesión de aprobación.
En este contexto, el presidente electo, Bernardo Arévalo, expresó públicamente su desacuerdo ante las condiciones en las que fue aprobado el presupuesto 2024. Por tal razón solicitó al actual presidente, Alejandro Giammattei, que no lo sancionara. Sin embargo Giammattei en vez de vetarlo lo sancionó.
Un elemento clave en la discordia fue la enmienda propuesta por el diputado Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas. Esta incidía directamente afecta la asignación de recursos públicos a organizaciones sociales y fundaciones.
Respondiendo a estas controversias, un colectivo indígena, representado por Edgar Benjamín Tuy Bixcul, sindico de la municipalidad indígena de Sololá, decidió presentar una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), buscando detener la marcha del proceso legislativo. A esta acción de amparo se sumño Fundabiem, consolidando así una respuesta conjunta de distintos sectores ante las decisiones adoptadas.
Los argumentos presentados en la acción de amparo subrayaron la existencia de discusiones y una votación adecuada sobre la enmienda propuesta, resaltando la relevancia de este punto en la asignación de recursos a organizaciones sociales y fundaciones.
Como resultado de la acción de la CC, se otorgó un amparo provisional que suspendió temporalmente la aprobación del Decreto 18-2023, que contenía la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, así como los actos posteriores a dicha sesión.
La decisión final quedó en manos de los magistrados Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez Pimentel, Leila Lemus y Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Lo anterior significa que la futura administración de gobierno deberá de trabajar con el presupuesto de este año. Este resultado se adecua más al plan financiero que a criterio de Movimiento Semilla, es más adecuado que el aprobado en el Congreso.
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