Las respuestas de los rectores ante las interrogantes incisivas de la representante Elise Stefanik no solo revelaron la insuficiencia legal en sus planteamientos, sino también una hipocresía que ha desencadenado una crisis en las instituciones académicas.
Las presidentas de Harvard, MIT y la Universidad de Pensilvania se encontraron bajo escrutinio la semana pasada durante su comparecencia ante un panel del Congreso. Cuando se les preguntó si “pedir el genocidio de los judíos” equivalía a intimidación y acoso en el campus, las respuestas ofrecidas fueron respuestas jurídicas, destacando la dependencia del contexto.
Estas declaraciones, que generaron controversia y perjudicaron sus carreras, surgieron en respuesta a la representante republicana de Nueva York, Elise Stefanik.
Fueron captadas por cámaras que transmitieron en vivo su testimonio ante un público ya enardecido por manifestaciones antiisraelíes en sus elitistas campus tras los atentados de Hamas del 7 de octubre.
Las rectoras fueron criticadas por defender el derecho a la libertad de expresión consagrado en LA PRIMERA ENMIENDA sobre la seguridad de los estudiantes.
Como respuesta contundente, un grupo bipartidista de más de 70 miembros del Congreso exigió el despido de las presidentas.
Magill intentó aclarar que su respuesta solo se centraba en los derechos de la Primera Enmienda, la junta de Penn no aceptó su explicación.
Mientras que Magill dio un paso en falso, la presidenta de Harvard, Claudine Gay, se disculpó por sus declaraciones, reconociendo el “intercambio combativo sobre políticas y procedimientos”. La junta directiva del MIT expresó su respaldo a su presidenta, Sally Kornbluth. Es crucial señalar que, si bien las universidades privadas no están legalmente obligadas a proteger la libertad de expresión, sí tienen la obligación, como instituciones educativas con fondos federales, de salvaguardar a los estudiantes contra el acoso discriminatorio, incluido el acoso entre estudiantes, de acuerdo con la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual consiste en garantizar diversos derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.
Es importante subrayar que cada una de estas mujeres ostenta una destacada posición como líder, caracterizándose por su brillantez y competencia innegables. Magill, por ejemplo, desempeñó el papel de decana en la Facultad de Derecho de Stanford, colaborando estrechamente con la respetada magistrada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. En cuanto a Gay, su formación académica incluye una licenciatura en Economía de Stanford y un doctorado en Gobierno de Harvard. No menos significativo es el hecho de que el año pasado se convirtió en la primera presidenta negra de la universidad. Por último, Kornbluth, una experta en biología celular, ha contribuido de manera fundamental a la comprensión del cáncer a través de sus investigaciones pioneras.
La respuesta de los presidentes, aunque torpe, ha puesto de manifiesto la complejidad legal de equilibrar la libertad de expresión con la protección contra el acoso. Sin embargo, lo que ha generado una crisis no es solo la insuficiencia legal, sino la hipocresía evidente en las respuestas de los rectores.
“Por ejemplo, aunque resulte sorprendente, la Primera Enmienda protege en gran medida los llamamientos a la violencia. En un caso tras otro, el Tribunal Supremo ha sostenido que, en ausencia de una amenaza real e inmediata -como una incitación a la violencia-, el gobierno no puede castigar a una persona que haga apología de la violencia” Decalra el abogado David French a The New York Times .
Los defensores de la libertad académica abogan por que las universidades privadas adopten principios similares a la Primera Enmienda en sus políticas de expresión, señalando que, de esta manera, se podría salvaguardar adecuadamente la libertad de expresión y, al mismo tiempo, abordar el acoso discriminatorio.
El historial de estas universidades en cuanto a la libertad de expresión también ha sido objeto de escrutinio. Harvard, en particular, ha sido criticada como la peor valorada en este aspecto en Estados Unidos, según la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión.
A pesar de la renuncia de Magill y las disculpas de la presidenta de Harvard, Claudine Gay, la crisis persiste. La atención se centra en la necesidad de reformas tanto en las políticas como en las culturas universitarias. La llamada a una mayor diversidad de puntos de vista y la adopción de políticas de libertad de expresión claras y coherentes se perfilan como soluciones fundamentales.
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